(Expansión, 25-07-2024) | Fiscal
El rechazo de Junts a la nueva senda presupuestaria del Gobierno reactiva el marco vigente que restringe en dos décimas anuales el gasto público de las comunidades autónomas. Hacienda separa los Presupuestos de la senda y planea impulsar las cuentas de cualquier forma. Hasta ahora, más allá del golpe político al Ejecutivo y de la presión adicional sobre la negociación de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, la consecuencia directa del rechazo a los objetivos de déficit es que comunidades autónomas y ayuntamientos pierden unos 10.000 millones de euros de margen de gasto para 2025 y 2026.
Esto sucede al mantenerse en vigor los objetivos de estabilidad vigentes que, aunque comprometían una menor reducción del déficit, resultaban más restrictivos para regiones y municipios que la última propuesta del Gobierno. En concreto, la nueva senda fiscal de Hacienda implicaba reducir el déficit público del límite comunitario del 3% del PIB al que aspira a cerrar este año, al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, mientras que los objetivos anteriores limitaban la reducción al 2,7% el próximo año y al 2,5% el siguiente. Sin embargo, como destacó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el esfuerzo fiscal adicional se descargaba en la Administración Central. Es más, mientras que la senda vigente establece como objetivo que las comunidades autónomas cierren 2025 y 2026 con una décima de superávit, la nueva les permitía incurrir en una décima de déficit en ambos ejercicios. Es decir, les daba dos décimas de margen adicional de gasto cada año, unos 3.000 millones en cada uno de ellos.
Lo mismo ocurría con las corporaciones locales, que en la actualidad tienen el objetivo de cerrar el próximo año con una décima de superávit y el siguiente con dos décimas, frente al mero equilibrio presupuestario que les exigía la fallida nueva senda. Un total de tres décimas en los dos años (4.500 millones) de esfuerzo fiscal adicional. En total, por tanto, el mantenimiento de los objetivos de déficit vigentes reduce en unos 4.500 millones la capacidad de gasto de comunidades y ayuntamientos en 2025 y en casi 6.000 millones en 2026, reduciendo en conjunto en más de 10.000 millones su margen presupuestario.
Por otro lado, el mantenimiento de la senda fiscal vigente amplía teóricamente la capacidad de gasto del Ejecutivo, que cuenta con un objetivo de déficit del 2,8% en 2025, en lugar del 2,2% que le exigía el nuevo plan de Hacienda. No obstante, desde el propio Ministerio asumen que la Administración Central tendrá que renunciar a aprovechar este margen de gasto adicional en cualquier caso, dado que, independientemente de la senda fiscal vigente, a la Comisión Europea ya se le prometió en abril que el déficit se rebajará en 2025 al 2,5% del PIB, como parte del esfuerzo del país para adaptarse a las reglas fiscales europeas y para evitar este ejercicio el expediente de déficit excesivo.
Aunque hoy por hoy estas son las reglas del juego presupuestario para los próximos años, el margen de gasto del que finalmente dispongan comunidades y ayuntamientos dependerá de los próximos movimientos del Gobierno y de los apoyos que logre recabar en el Parlamento. Se abren aquí varios escenarios posibles.
Los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2025-2027, aprobados por el Consejo de Ministros la pasada semana como antesala al impulso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025, fueron rechazados el martes por el Congreso de los Diputados con 178 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN frente a los 171 a favor del resto de la Cámara. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que "si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento".
Como el del martes fue el último Pleno del Congreso antes del periodo vacacional, se espera que el Gobierno agote los plazos y que el nuevo intento se retrase a septiembre, cuando el Consejo de Ministros deberá aprobar su propuesta y remitirla nuevamente a las Cortes. Si la nueva propuesta tampoco fuera aprobada, regirá la senda fiscal vigente, en este caso la contenida en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en la primavera de 2023. Así lo establece el dictamen de la Abogacía del Estado encargado por Hacienda después de que el PP aprovechara la -desde el martes extinta- capacidad de veto del Senado para tumbar la senda impulsada para las abortadas cuentas de 2024.
De hecho, desde Hacienda separan la tramitación en tiempo y forma del proyecto presupuestario, que priorizan, de la aprobación de una nueva senda, que podría acabar igualmente rechazada, por lo que no se descarta seguir adelante con los objetivos fiscales vigentes, con regiones y municipios como principales perjudicados. El riesgo de fondo es que después de todo sean los Presupuestos los que terminen siendo rechazados por Junts.