(Expansión, 21-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Las pymes españolas, que constituyen el pilar principal del tejido empresarial del país, llevan más de 15 años enfrentándose a un complejo escenario marcado por sucesivas crisis: la recesión financiera, la pandemia de la Covid-19, el impacto inflacionario y las medidas restrictivas del Banco Central Europeo (BCE) para controlar el alza de los precios mediante el endurecimiento de su política monetaria.
A este difícil contexto se suman políticas económicas que, en los últimos años, han resultado adversas para la actividad empresarial. Entre estas se incluyen incrementos de impuestos y cotizaciones, mayores trámites burocráticos, una menor seguridad jurídica y regulatoria, un aumento de los costes laborales (el salario mínimo interprofesional ha subido un 54% desde 2018) y un creciente intervencionismo estatal. En este entorno desfavorable, las pymes enfrentan ahora un problema adicional: la insuficiencia de financiación, recibiendo actualmente mucho menos crédito bancario en comparación con los niveles previos a la pandemia.
De acuerdo con Cepyme, para que las pymes recuperen el nivel de financiación de 2019, se necesitarían al menos 15.000 millones de euros adicionales en crédito bancario. Según el último Informe de Financiación a Pymes de la patronal, a finales de 2019 la financiación representaba el 18,5% de las ventas interiores, mientras que en el tercer trimestre de este año descendió al 17,8%. Para alcanzar los niveles de 2017, se requerirían cerca de 74.000 millones de euros adicionales.
Este déficit financiero está afectando negativamente a las pequeñas y medianas empresas, limitando su capacidad de inversión y, en consecuencia, su crecimiento, productividad y competitividad. Esto tiene un impacto adverso en el conjunto de la economía, obstaculizando el crecimiento y la generación de empleo.
Entre los factores responsables de esta situación destacan, por un lado, las medidas del BCE para combatir la inflación, que han encarecido el acceso al crédito justo cuando las empresas enfrentaban mayores costes laborales, fiscales y de insumos. Por otro lado, el impuesto extraordinario a la banca, junto con las crecientes exigencias regulatorias y provisiones, ha llevado a las entidades financieras a endurecer las condiciones de los préstamos, aumentando las garantías requeridas a las pymes y desincentivando la demanda de crédito.
Aunque el BCE comenzó a reducir los tipos de interés en junio, lo que ha permitido un aumento interanual del 14,1% en los nuevos préstamos a pymes en el tercer trimestre (alcanzando los 54.200 millones de euros), Cepyme señala que estas medidas no han sido suficientes para reactivar el mercado del crédito. La persistencia de una financiación cara, con tipos de interés cercanos al 5% (4,81% para pequeñas empresas y 4,52% para medianas en el tercer trimestre), sigue siendo un obstáculo significativo.
Además, la incertidumbre sobre el futuro del impuesto a la banca agrava el panorama, especialmente ante la posibilidad de que el Gobierno no solo mantenga este tributo, sino que lo endurezca, lo que podría dificultar aún más el acceso al crédito.
En este contexto, el informe de Cepyme advierte que las estrictas condiciones para la concesión de préstamos han llevado a un aumento en el rechazo de solicitudes, alcanzando máximos de los últimos siete años, y a un menor interés por parte de las empresas en solicitar financiación. Esto ha reducido la demanda de crédito para proyectos de inversión a mínimos de los últimos seis años, lo que representa un obstáculo importante para el desarrollo económico y la creación de empleo a futuro.