(El Economista, 03-02-2025) | Fiscal
El Gobierno mantiene en incertidumbre a unos 100.000 pluriempleados con ingresos de entre 1.500 y 2.500 euros, quienes aún no saben si finalmente quedarán exentos de presentar la declaración de la Renta. Moncloa ha dejado fuera esta medida del escudo social en la nueva versión del decreto ómnibus y ha decidido aplazar su aplicación. Esta medida permitiría que los contribuyentes con más de un pagador, cuyos ingresos totales no superen los 2.500 euros, no tengan que presentar la declaración de la Renta si sus ingresos anuales totales no superan los 22.000 euros.
El objetivo de esta norma era "reducir las obligaciones fiscales de los contribuyentes con rentas más bajas". Hasta ahora, el límite exento estaba en los 1.500 euros, una cifra que seguirá vigente hasta que el Gobierno rescate la normativa derogada el pasado 22 de enero, junto con el resto del decreto ómnibus. "El Gobierno ya está en conversaciones con los grupos parlamentarios para que esta medida sea aprobada en las próximas semanas", reveló el presidente Pedro Sánchez después del Consejo de Ministros.
En 2023, España cerró con 593.500 personas que tenían más de un empleo, de las cuales 334.000 trabajaban por cuenta ajena, según la última Encuesta de Población Activa. Aunque no existen cifras oficiales exactas, un estudio de Infojobs estima que aproximadamente 93.000 pluriempleados, un 28% del total, tienen ingresos mensuales superiores a los 1.500 euros. El estudio también indica que un 40% de los pluriempleados ha buscado un segundo trabajo "por necesidad", una tendencia que sigue aumentando. En 2021, el número de personas con más de un empleo era de 546.700, lo que supone un aumento de 46.800 respecto a la cifra actual.
Bankinter explica que esto ocurre porque el segundo pagador realiza las retenciones como si fuera el único empleador del año, sin tener en cuenta los ingresos de otros pagadores, lo que resulta en un porcentaje de retención menor.
El Gobierno planea rescatar esta medida en el nuevo decreto que podría aprobarse durante el mes de febrero. Este texto podría incluir otras medidas que Moncloa decidió dejar para más adelante, después de perder la votación en el Congreso. Entre ellas, se encuentra la iniciativa para transferir viviendas del SEPES al Estado con el fin de destinarlas al alquiler asequible. También está pendiente la prórroga del descuento del 80% en los peajes para las industrias electrointensivas hasta finales de 2025, así como la ampliación temporal del programa de apoyo a la compra de vehículos eléctricos, de pila de combustible y puntos de recarga, que forma parte del Plan Moves III.
El futuro paquete de medidas económicas también incluiría la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. La versión anterior del decreto contemplaba un reparto anticipado de 9.600 millones de euros entre los distintos gobiernos autonómicos para su gasto público.
Finalmente, se prevé una corrección técnica sobre el impuesto a la banca aprobado en noviembre junto con la reforma fiscal. Esta corrección está dirigida a limitar el impacto contable del nuevo impuesto sobre las entidades financieras. Moncloa seguirá negociando para asegurar su viabilidad parlamentaria antes de presentarlo.