(Expansión, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Funcas ha rebajado en tres décimas su previsión de crecimiento del PIB para este año y en cuatro décimas la del próximo, en su escenario más favorable, situándolas en el 2,3% y 1,6%, respectivamente. Esta revisión a la baja se debe al impacto de la guerra comercial y al freno de la economía estadounidense. Si la situación se complica aún más, la caída del PIB podría superar el punto porcentual.

El aumento del proteccionismo afectará principalmente a las exportaciones de bienes, mientras que las de servicios no turísticos también perderán impulso debido a la desaceleración global. Además, el turismo crecerá a un ritmo menor que en años anteriores, tras la saturación registrada durante el verano. En su escenario central, Funcas no contempla la aplicación de aranceles mutuos con Europa, y respecto a China, parte de la hipótesis de una distensión progresiva.

Carlos Ocaña, director general de Funcas, advierte que si la guerra comercial y la incertidumbre se prolongan, el efecto sobre la economía española podría traducirse en una pérdida de hasta 1,2 puntos del PIB entre este año y el próximo, reduciendo las tasas de crecimiento al 2% en 2025 y al 1,4% en 2026.

Según el informe, aunque el buen cierre de 2024 y el positivo comienzo de 2025 podrían haber justificado una revisión al alza de las previsiones, esa posibilidad ha quedado anulada por la imposición de nuevos aranceles. Ocaña subraya que, en este contexto, el rumbo de la economía española y europea está condicionado por factores políticos externos. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, prevé que los efectos de la guerra comercial comenzarán a notarse pronto, aunque estima que el impacto en las economías europea y española será moderado.

Dado que Europa ya mostraba signos de estancamiento, cualquier impacto adicional la acerca más a la recesión. En el caso de España, sin embargo, ese golpe no impediría que el país mantenga un crecimiento superior al 2% en 2025. No obstante, el crecimiento será menos equilibrado que en años anteriores, ya que dependerá casi exclusivamente de la demanda interna, cuya contribución se estima en 2,6 puntos para 2025 y 1,9 en 2026.

El sector exterior, en contraste, restará tres décimas al crecimiento tanto en 2025 como en 2026, lo que supone un giro respecto a los últimos tres años, donde aportó más del 30% del crecimiento. Dentro de la demanda interna, se espera un fuerte impulso del consumo, mientras que la inversión, especialmente en bienes de equipo, se verá lastrada por la incertidumbre internacional.

El consumo privado mantendrá un ritmo elevado gracias al aumento de la renta disponible y al uso del ahorro acumulado durante los dos últimos años, cuando la tasa de ahorro de los hogares alcanzó un 13,6% de la renta disponible bruta en 2024. El consumo público también crecerá, aunque con menor intensidad debido a la prórroga presupuestaria y a los límites del sistema de financiación a comunidades autónomas.

En cuanto a la inflación, se espera que continúe moderándose, con una tasa del 2,3% en 2025 y del 1,9% en 2026. Esta tendencia se vería favorecida por la apreciación del euro, la caída del precio de los hidrocarburos y la entrada de más productos importados, ante el cierre de facto del mercado estadounidense a las exportaciones asiáticas. Sin embargo, posibles medidas de represalia de la UE podrían alterar este escenario. En este contexto, sería plausible una reducción de los tipos de interés por parte del BCE, lo que situaría el Euribor a un año en el 2% a finales de 2025 y en el 1,75% en 2026.

El mercado laboral también sentirá los efectos, con una menor creación de empleo. Funcas prevé la generación de unos 360.000 puestos de trabajo netos anuales en este bienio, frente a los 550.000 de media en los dos años anteriores, según la EPA. La tasa de paro bajaría hasta el 10% en 2026, seis décimas menos respecto a la anterior previsión. El déficit público se reduciría al 2,9% en 2025 (sin considerar el impacto de la DANA) y al 2,8% en 2026. No obstante, la deuda pública seguirá rondando el 100% del PIB, lo que limitaría la capacidad de reacción ante futuras crisis.

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