(El Economista, 25-11-2024) | Fiscal
La reforma fiscal aprobada por el Gobierno el pasado jueves en el Congreso todavía debe superar un último obstáculo, lo que retrasará su entrada en vigor. El texto pasa ahora al Senado, donde se prevé que sea vetado por la mayoría absoluta del Partido Popular. Aunque esta negativa de los populares, liderados por Núñez Feijóo, no impedirá que la reforma salga adelante, sí dilatará su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, su aplicación. Según cálculos iniciales, este proceso podría extenderse alrededor de cuatro semanas.
De acuerdo con el reglamento del Congreso, una vez aprobado un proyecto de ley, el Presidente de la Cámara Baja debe enviarlo al Senado junto con toda la documentación generada durante su tramitación. En la Cámara Alta, la Mesa -controlada por el PP- calificará la iniciativa y la Junta de Portavoces decidirá cuándo se debatirá en el pleno. El grupo socialista intentará acelerar el proceso, aunque es casi seguro que el PP impondrá su veto a la reforma fiscal.
Tras el rechazo del Senado, el proyecto de ley regresará al Congreso, donde la Mesa -presidida por Francina Armengol, del PSOE- podrá someterlo a una nueva votación para levantar el veto. Solo entonces se podrá publicar en el BOE y poner en marcha la norma.
Esta dinámica se ha vuelto habitual debido a la mayoría del PP en el Senado. Un ejemplo reciente ocurrió con la ley para transferir las competencias de Tráfico a Navarra, que el PP bloqueó en la Cámara Alta y que posteriormente fue aprobada de nuevo en el Congreso.
La reforma fiscal logró el respaldo necesario en el último momento gracias al apoyo de Podemos. Este proyecto incluye medidas clave para cumplir los compromisos de España con los fondos europeos, lo que desbloqueará la llegada de más de 7.200 millones de euros. También establece un impuesto a la banca, la transposición de la directiva europea que fija un tipo mínimo del 15% para las multinacionales, y el incremento del tipo máximo del IRPF al 29% para las rentas de capital superiores a 300.000 euros. Además, limita al 50% la posibilidad de que los grupos empresariales compensen las pérdidas de sus filiales con los beneficios de la matriz, incrementando así la recaudación y evitando sanciones de la Unión Europea.
Sin embargo, otras propuestas quedaron fuera de la reforma, como eliminar las exenciones fiscales para las socimis y los seguros de salud privados, aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos o equiparar los impuestos sobre el diésel y la gasolina. Este último punto podría abordarse en la tasa a las energéticas que el Gobierno está preparando.