(Expansión, 30-12-2024) | Laboral
A pesar de que los contribuyentes ya contribuyen al sistema público con alrededor de 53.500 millones de euros mediante transferencias y préstamos provenientes del Presupuesto General del Estado, es decir, de los impuestos recaudados, se han implementado nuevas medidas para reforzar los ingresos de la Seguridad Social.
Además de las cotizaciones ordinarias, la Seguridad Social ha incrementado anualmente la base mínima de cotización a través del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). También, desde hace dos años, el Gobierno aplica el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cuota que pagan todos los afiliados, incluidos los autónomos, independientemente de su nivel salarial, y que alcanzará el 0,8% en 2025. A partir del 1 de enero, entrará en vigor el segundo destope de la base máxima de cotización, aprobado durante la reforma del anterior ministro José Luis Escrivá, que aumentará dicho tope en función del IPC más un extra del 1,2%. Además, en el próximo año se implementará la nueva cuota de solidaridad, que gravará los salarios que superen la base máxima en tres tramos, con porcentajes del 0,92%, 1% y 1,17%, dependiendo del exceso.
En este contexto, la base máxima de cotización para 2024 se incrementará un 4%, pasando de 56.646 euros a 58.914 euros anuales. Este cambio afectará a 1,2 millones de trabajadores, quienes comenzarán a cotizar por la diferencia de 2.268 euros adicionales, aportando unos 996 millones de euros en total. De este importe, aproximadamente 175 millones serán asumidos por los trabajadores, quienes pagarán, en promedio, 145 euros más al año en concepto de cotizaciones ordinarias.
Por su parte, el MEI es el mecanismo que más ingresos generará para la Seguridad Social en 2025, alcanzando los 4.404 millones de euros de los 5.800 millones previstos por las nuevas cuotas. Esta cotización adicional, que no genera derechos de pensión, está destinada exclusivamente a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Para un salario promedio de 26.948 euros anuales, implicará un pago anual de 215,5 euros, de los cuales el trabajador asumirá unos 45,7 euros (3,8 euros mensuales). Este mecanismo afecta a todos los asalariados y autónomos, independientemente de su nivel salarial.
Además, la cuota de solidaridad añadirá una carga extra a los salarios superiores a la base máxima de cotización (59.000 euros anuales para 2025). Por ejemplo, para un salario de 65.000 euros, la contribución será de 650 euros anuales, de los cuales el empleado pagará 110 euros. En los niveles salariales más altos, como 100.000 euros, la cuota ascenderá a 1.170 euros anuales, con un impacto de 199 euros en el sueldo neto del trabajador.
En resumen, estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aumentando las contribuciones de empleados y empleadores, especialmente en los tramos salariales más elevados, mientras se mantiene el enfoque en la equidad intergeneracional y la protección de los fondos de reserva.