(El Economista, 03-03-2025) | Fiscal
Los impuestos sobre la propiedad en España, en sus distintas categorías (bienes inmuebles, patrimonio, herencias, capital y transacciones), siguen siendo de los más elevados en términos de presión fiscal, pero a la vez figuran entre los menos eficaces en cuanto a recaudación dentro de la Unión Europea. Solo Italia supera a España como el país con mayor carga tributaria sobre la propiedad, según el último informe de Indicadores de la Política Fiscal Europea 2024, elaborado por la organización sin ánimo de lucro Tax Foundation, con sede en Washington.
Los expertos de este think tank estadounidense analizan y comparan la base imponible y los impuestos vigentes en la legislación fiscal española que afectan a la actividad inmobiliaria. También estudian otros tributos que inciden indirectamente sobre la propiedad, como el Impuesto sobre el Patrimonio.
De acuerdo con los datos del informe, España ocupa el puesto 30 de 32 en el ranking elaborado por los analistas, con una calificación de 39 sobre 100 en términos de eficiencia y recaudación, lo que refleja una valoración muy deficiente. Si se excluyen los países ajenos a la UE, España se situaría en la penúltima posición en cuanto a eficiencia frente a presión fiscal, dado que aplica el impuesto sobre el patrimonio neto. Actualmente, solo Noruega, España y Suiza mantienen este gravamen, siendo España el único país de la zona euro que lo aplica.
Otros países como Francia, Italia, Bélgica y los Países Bajos imponen impuestos sobre determinados activos inmobiliarios, pero no sobre el patrimonio global de una persona o empresa. En España, el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es progresivo, con tipos impositivos que van desde el 0,16% en Navarra hasta el 3,5% para patrimonios superiores a 700.000 euros, según la normativa estatal. Sin embargo, la aplicación del impuesto varía en función de las regulaciones de cada Comunidad Autónoma.
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los impuestos sobre el patrimonio neto, como el aplicado en España, suelen ser poco eficaces y difíciles de gestionar. Los expertos del organismo advierten que generan una baja recaudación y fomentan la evasión fiscal.
En la práctica, estos impuestos han recaudado cantidades relativamente pequeñas en los países donde han sido implementados, ya que las personas con altos patrimonios pueden trasladar su riqueza a otras jurisdicciones o utilizar estrategias fiscales que les eximan del pago. La economista de Tax Foundation, Cristina Enache, sostiene que este tipo de tributo es "uno de los más perjudiciales jamás creados" y que los países deberían eliminarlo en lugar de reformarlo o aumentarlo.
"Muchos responsables de política fiscal han reconocido que los elevados impuestos sobre el capital y el patrimonio afectan negativamente al crecimiento económico", explica Enache. En 2020, España ocupaba el puesto 33 en el ranking de impuestos sobre la propiedad del Índice de Competitividad Fiscal Europeo de Tax Foundation, pero descendió al puesto 32 tras las reformas fiscales de la última legislatura.
La introducción en 2022 del "Impuesto de Solidaridad sobre el Patrimonio", que grava entre el 1,7% y el 3,5% a personas con activos netos superiores a 3 millones de euros, contribuyó a esta caída en el índice de competitividad fiscal. Esta medida buscaba que los grandes patrimonios tributasen a nivel estatal tras aplicar las deducciones autonómicas correspondientes. A finales de 2023, el Ministerio de Hacienda decidió hacer permanente este impuesto.
En su primer año de aplicación, el impuesto recaudó 623 millones de euros, afectando a 12.010 contribuyentes, principalmente en comunidades autónomas que habían bonificado parcial o totalmente el IP. Sin embargo, en 2024 la recaudación cayó un 95%, situándose en 38 millones de euros. Esto se debió a que comunidades como Madrid, Galicia y Andalucía reactivaron su propio impuesto sobre el patrimonio para que la recaudación se dirigiera a sus propias arcas en lugar de al Estado.
Según los datos del Ministerio de Hacienda, en 2023 las comunidades autónomas recaudaron 1.900 millones de euros a través del IP, lo que evidencia que la carga fiscal no se redujo, sino que simplemente pasó a ser gestionada por administraciones diferentes.