(El Economista, 09-12-2024) | Fiscal
La evasión fiscal de grandes empresas y fortunas españolas sigue generando importantes pérdidas para las arcas públicas en 2024. Durante el último año, España dejó de recaudar 8.455 millones de euros debido a prácticas de elusión fiscal de las multinacionales. Esta cifra asciende a 9.385 millones de euros, equivalente al 0,7% del PIB, si se incluye la evasión atribuida a grandes patrimonios, que supuso un perjuicio adicional de 935 millones de euros. Según el informe anual sobre el Estado de la Justicia Fiscal, elaborado por Tax Justice Network, este monto total representa un incremento de 3.268 millones de euros respecto al año anterior.
Para intentar frenar esta pérdida de ingresos, el Gobierno ha aprobado recientemente una reforma fiscal que incluye la transposición de una normativa europea que establece un impuesto mínimo del 15% para los grupos multinacionales. Esta medida busca cerrar las lagunas que permiten la elusión fiscal, promoviendo una mayor armonización internacional en materia tributaria. El Ejecutivo prevé que esta iniciativa genere ingresos adicionales de aproximadamente 2.000 millones de euros anuales.
Sin embargo, el impacto de la elusión fiscal requiere que se implementen estrategias adicionales para mitigar sus efectos sobre la Agencia Tributaria (AEAT). El libro blanco encargado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en 2022, plantea diversas propuestas para reducir estas pérdidas. Entre ellas, destaca la creación de una Unidad Permanente de Análisis del Cumplimiento Tributario, cuyo objetivo sería diagnosticar las áreas de riesgo fiscal y facilitar la aplicación de soluciones. Asimismo, se subraya la necesidad de reforzar la plantilla de la AEAT, no solo en tareas de control e inspección, sino también para clarificar la normativa tributaria y mejorar la relación con los contribuyentes mediante canales de información más accesibles. Algunas de estas iniciativas ya han sido implementadas por el Ministerio.
En 2023, bajo la dirección de Montero, se incrementaron en un 17,3% las inspecciones a multinacionales y grupos fiscales, alcanzando un total de 34.487 actuaciones dentro de una estrategia dirigida a combatir el fraude fiscal. Además, se lanzó una campaña informativa para sensibilizar a los contribuyentes sobre la importancia de los impuestos en la financiación de servicios públicos.
Por su parte, el Plan de Recuperación, en su Componente 27, incluye una ambiciosa Ley de Lucha contra el Fraude que contempla medidas adicionales para combatir la elusión fiscal. Entre ellas, destaca el aumento de la plantilla de la AEAT y la mejora de las herramientas informáticas para procesar de forma más eficiente el gran volumen de datos procedentes de fuentes internacionales. Estas medidas buscan facilitar el intercambio de información con otros países europeos, cerrando los vacíos legales que permiten a las grandes empresas evitar el pago de impuestos en España.