(El País, 04-02-2025) | Fiscal
España está recaudando más impuestos que nunca, pero su capacidad para redistribuir esos recursos y reducir la desigualdad entre los hogares se ha debilitado. En 2022, mientras los ingresos tributarios aumentaban un 11,2% anual, el impacto redistributivo del sistema fiscal alcanzó su nivel más bajo en seis años. La progresividad del IRPF se redujo, los impuestos indirectos siguieron afectando desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos y el efecto de las prestaciones monetarias en la reducción de la desigualdad fue menor que en 2021.
El noveno informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, publicado este lunes por Fedea, pone de manifiesto que, a pesar del incremento en la recaudación, el sistema fiscal ha perdido efectividad en su función de equilibrar las diferencias económicas y sociales. Durante el año analizado, la intervención pública mediante impuestos y prestaciones redujo la desigualdad en un 32,5%, la cifra más baja desde 2017 y 5,6 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2020, cuando el gasto público se disparó debido a la pandemia. "El efecto redistributivo del sistema fiscal en 2022 ha sido el más bajo de los últimos seis años con datos comparables", explican los autores del informe, Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia.
Si se adopta una visión a lo largo de la vida de un individuo o un hogar, en lugar de un solo año, el impacto redistributivo es aún menor, quedando en un 25,5%. Esto sugiere que los efectos de la redistribución anual se diluyen con el tiempo.
Entre los factores que explican esta tendencia, los impuestos juegan un papel clave. En 2022, la capacidad de los tributos para reducir la desigualdad fue menor, pasando de un 1,8% en 2021 a un 1,2%. Aunque el IRPF sigue siendo el principal mecanismo redistributivo por su progresividad, su impacto se ha debilitado: en 2021 reducía la desigualdad en un 4,3%, mientras que en 2022 lo hizo en un 4,1%. Todo ello en un contexto en el que la renta bruta de los hogares creció un 10,6%, impulsada por el aumento de las rentas del capital (21,6%), del trabajo (11,8%) y de actividades económicas (11,2%). Estos datos reflejan que la capacidad del impuesto sobre la renta para equilibrar las diferencias económicas se está debilitando.
También persisten impuestos regresivos, como los indirectos y los que gravan el consumo. El IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD) contribuyeron a aumentar la desigualdad en un 2,47% en 2022, evidenciando que los hogares con menores ingresos destinan una proporción mayor de su renta a estos tributos en comparación con los de mayor poder adquisitivo. Las medidas para aliviar la carga fiscal sobre los productos energéticos, adoptadas en plena escalada inflacionaria, no lograron revertir esta situación.
El impuesto sobre sociedades tuvo una evolución atípica en 2022. Su recaudación aumentó un 29,7% respecto al año anterior y su tipo medio efectivo pasó del 0,8% al 0,9% de la renta bruta de los hogares. Sin embargo, su capacidad para reducir la desigualdad sigue siendo baja: apenas un 1,01%. Además, el impuesto sobre el patrimonio, en lugar de disminuir la desigualdad, la aumentó ligeramente. Como resultado, "la desigualdad de la renta después de impuestos se ha mantenido prácticamente sin cambios entre 2021 y 2022, con un leve incremento del 0,03%", señalan los investigadores.
Por otro lado, el impacto de las prestaciones monetarias en la redistribución también se redujo. En 2022, estas ayudas disminuyeron la desigualdad en un 23,4%, por debajo del 24,9% de 2021 y del 26,7% de 2020. La caída en los subsidios por desempleo fue el principal factor, ya que su cuantía media descendió un 27,8%. Las pensiones de jubilación siguen siendo el mecanismo más relevante, representando el 60,2% de la reducción de la desigualdad atribuida a las prestaciones. Sin embargo, su creciente peso dentro del gasto social ha desplazado otras ayudas con un impacto más inmediato en la lucha contra la pobreza.
El análisis conjunto de impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes al 60% con menor renta bruta (los tres primeros quintiles) son beneficiarios netos de la intervención pública, es decir, reciben más en prestaciones de lo que pagan en impuestos. En cambio, el 40% restante de las familias es contribuyente neto. No obstante, los investigadores subrayan que la intervención pública, a través del conjunto de impuestos y prestaciones analizados, redujo la desigualdad en un 32,5% en 2022, la cifra más baja desde 2017.