(El País, 14-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja una mejora en la situación económica de la población. La tasa de personas en riesgo de pobreza ha descendido al 19,7%, marcando una reducción respecto al 20,2% registrado en 2023 y situándose muy por debajo del máximo alcanzado en 2016, tras la crisis económica. A pesar de este avance, la carencia material y social severa afectó al 8,3% de los españoles en 2023, manteniéndose en niveles similares a los de 2021.
La disminución de la tasa de pobreza representa un alivio después de años de incertidumbre derivados de la pandemia y la posterior crisis inflacionaria, que incrementaron la precariedad en el país. Durante la crisis sanitaria, las restricciones económicas y la contracción del mercado laboral elevaron este índice al 21,7% en 2021. Posteriormente, la inflación de 2023 dificultó aún más la situación, haciendo que los niveles de pobreza superaran los registrados antes de la pandemia.
Sin embargo, en el último año se ha producido una notable mejoría. El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2024 ha superado las expectativas, impulsado por la recuperación del turismo, el dinamismo del sector servicios y una mayor estabilidad en el empleo. La tasa de desempleo ha continuado su tendencia a la baja, situándose por debajo del 11% por primera vez en 16 años. Además, el número de hogares en los que todos sus miembros están desempleados ha disminuido, mientras que aquellos en los que todos los integrantes trabajan han aumentado, favoreciendo la estabilidad económica de muchas familias vulnerables.
Las políticas gubernamentales han sido clave en esta evolución positiva. El incremento progresivo del salario mínimo interprofesional ha mejorado la situación de los trabajadores con ingresos más bajos. Al mismo tiempo, el refuerzo del sistema de protección social, con medidas como el Ingreso Mínimo Vital y el aumento de las ayudas a familias con hijos, ha servido para paliar los efectos de la inflación.
A pesar de estos avances, un cuarto de la población sigue enfrentando serias dificultades económicas. La tasa de pobreza y exclusión social, medida a través del indicador AROPE, se sitúa en el 25,8%, reflejando la persistencia de desigualdades, aunque es la mejor cifra de la última década. Este índice incluye a quienes se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa o baja intensidad en el empleo (personas que trabajaron menos del 20% de su potencial laboral en el último año).
Según estos criterios, un 8% de la población sigue registrando una baja intensidad laboral, aunque es el nivel más bajo desde que se comenzaron a recopilar estos datos en 2014. Además, el 19,7% está en riesgo de pobreza, lo que significa que sus ingresos anuales son inferiores a la media de hogares similares. Por otro lado, el 8,3% de la población enfrenta una grave carencia material y social. Aunque este último porcentaje ha disminuido siete décimas con respecto a 2023, todavía no se ha alcanzado el mínimo histórico.
Las personas en esta última categoría sufren al menos siete de las 13 dificultades contempladas en la encuesta. Entre ellas se incluyen la imposibilidad de irse de vacaciones una vez al año, consumir carne, pollo o pescado cada dos días, mantener la vivienda con una temperatura adecuada o disponer de conexión a internet. También enfrentan problemas para afrontar gastos imprevistos, pagar el alquiler o la hipoteca, renovar muebles y ropa dañada, o reunirse con amigos al menos una vez al mes. En 2024, el 35,8% de los hogares no pudo afrontar gastos imprevistos, una leve mejoría respecto al 37,1% del año anterior, mientras que el 33,4% no pudo permitirse vacaciones, lo que supone un incremento de tres décimas respecto a 2023.
Por grupos de población, los menores de 16 años son el colectivo más afectado por el riesgo de pobreza y exclusión social, con una tasa del 34,7%, la más alta desde que se tienen registros. En contraste, la situación ha mejorado para los mayores de 65 años, cuya tasa ha descendido en casi un punto y medio hasta el 19,5%.
Las diferencias regionales también son significativas. Las zonas rurales presentan los niveles más elevados de pobreza, mientras que las áreas industriales y aquellas con una alta presencia de población extranjera muestran mejores cifras. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia registraron tasas AROPE superiores al 30%. En el extremo opuesto, el País Vasco reportó una tasa inferior al 15%, mientras que Baleares y Navarra se situaron en el 16% y 18%, respectivamente.