(El País, 10-10-2024) | Fiscal
El Gobierno deberá enviar próximamente a Bruselas su plan fiscal para reducir la deuda pública a medio y largo plazo. Los países están obligados a presentar una hoja de ruta presupuestaria en la que los gastos crezcan anualmente de manera limitada, permitiendo así una disminución progresiva de la deuda en relación con el PIB. El objetivo es que los gastos aumenten, pero a un ritmo menor que los ingresos, lo que generaría un ahorro gradual que ayudaría a reducir la deuda.
Sin embargo, el Gobierno también debe proponer medidas que garanticen el control del gasto, aunque la Comisión Europea permite que se detallen anualmente junto con el presupuesto aprobado. Además, el Ejecutivo puede incluir medidas que aumenten los ingresos, lo que proporcionaría más flexibilidad para evitar recortes excesivos en el gasto, especialmente en áreas como las pensiones o la sanidad, que dejan poco margen de ajuste. Según el Banco de España y la Autoridad Fiscal, se necesitaría un ajuste anual de aproximadamente un 0,5% del PIB, equivalente a unos 7.500 millones de euros por año durante siete años. Bastaría con que el gasto creciera un punto menos que el PIB nominal y la recaudación para reducir la deuda gradualmente.
A pesar de esto, fuentes cercanas a las negociaciones indican que la Comisión Europea ha aceptado que los ingresos generados por no actualizar el IRPF según la inflación se consideren a posteriori para verificar si el Gobierno sigue la senda comprometida en su plan fiscal. Aunque el Gobierno no incluirá esta medida en su estrategia, Bruselas la tomará en cuenta al revisar el cumplimiento del plan.
¿Qué significa no deflactar el IRPF? El Impuesto sobre la Renta funciona por tramos, donde los ingresos hasta 12.440 euros tributan al 19%, y a partir de ahí los tipos aumentan según los tramos hasta llegar al 47% para ingresos superiores a 300.000 euros. Lo que realmente se paga, después de aplicar exenciones y deducciones, es el tipo medio efectivo, que actualmente se sitúa cerca del 15%. Estos tramos podrían actualizarse con el IPC para reflejar la pérdida de poder adquisitivo, pero esto no suele hacerse. Como resultado, cuando los salarios suben para ajustarse a la inflación, más personas entran en tramos con tipos más altos, lo que aumenta lo que tributan, aunque su poder adquisitivo no haya mejorado. Esto provoca que el tipo medio efectivo del IRPF suba sin que cambien los tipos oficiales. Es lo que se conoce como "progresividad en frío". Según el Banco de España, entre 2019 y 2025, el tipo efectivo del IRPF habrá subido del 12,8% al 15,3%, y el 70% de este aumento se debe a la progresividad en frío. Este fenómeno ha generado ingresos adicionales de unos 11.000 millones de euros entre 2019 y 2023.
Según Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, las subidas salariales por la inflación generan más ingresos para el Estado si no se deflacta el IRPF por tres razones: se paga más porque los ingresos nominales aumentan, aunque la capacidad económica no; más renta queda sujeta a tipos impositivos más altos; y no se actualizan con la inflación las exenciones mínimas y deducciones. "El contribuyente termina pagando más IRPF, aunque su capacidad económica no haya mejorado, lo que equivale a una subida de impuestos encubierta", explica De la Torre.
Esta falta de deflactación ya se aplica de facto y aumenta los ingresos, sobre todo en periodos de alta inflación. En lugar de deflactar el IRPF para todos los contribuyentes, el Gobierno optó por aliviar fiscalmente solo a quienes ganan menos de 21.000 euros. La última deflactación de las tarifas del IRPF fue en 2008, durante la gestión de Pedro Solbes. Según el Banco de España, la falta de actualización puede generar cerca de 0,2 puntos del PIB en ingresos anuales, lo que equivaldría a unos 2.700 millones de euros, reduciendo así el esfuerzo fiscal que Bruselas exige. Sin embargo, su impacto dependerá de la inflación cada año, con un efecto notable previsto para 2025 debido al aumento salarial.
El Gobierno presentó esta falta de deflactación como parte de su compromiso de reforma fiscal vinculado a los fondos europeos, aunque la Comisión no aceptó incluirla como una reforma en sí misma. Aun así, Bruselas permitirá que la no actualización alivie la carga de los planes fiscales de España, Francia e Italia, cuyas cuentas públicas también están en dificultades.
El Ejecutivo español también busca moderar la consolidación fiscal ajustando las proyecciones de población. La Comisión Europea prevé un fuerte impacto del envejecimiento poblacional en las finanzas públicas, pero el Gobierno intenta minimizarlo resaltando el buen comportamiento de la inmigración en los últimos años. Además, el Gobierno defiende que el crecimiento potencial del país ha aumentado al 2%, gracias al buen desempeño de la economía y otros factores, lo que le permitiría más margen para gastar sin incumplir los objetivos fiscales.
El plan fiscal del Gobierno será enviado a Bruselas el 15 de octubre, pero este no incluirá el plan presupuestario anual. El compromiso de limitar el gasto estará presente, pero las medidas específicas para 2025 se detallarán más adelante, cuando se presente el plan presupuestario. Hacienda podrá ajustar su estrategia cada año para cumplir con el camino pactado.