(El Economista, 19-12-2024) | Laboral
El Gobierno y los sindicatos han firmado este miércoles un acuerdo que restituye el derecho de los empleados públicos a acogerse a la jubilación parcial, permitiéndoles compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con el cobro de una parte de la pensión.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, junto con Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, y Luciano Palazzo, coordinador de Área Pública de CCOO, sellaron este pacto tras semanas de negociación. La medida responde a una demanda histórica tanto del colectivo de empleados públicos como de los sindicatos, además de cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022.
La implementación del acuerdo implicará modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Durante la firma, el ministro destacó: "Recuperamos un derecho eliminado con las medidas de austeridad adoptadas por el anterior Gobierno en 2012 y eliminamos una desigualdad injusta con los trabajadores del sector privado".
La reintroducción de esta modalidad en el sector público tiene como objetivo facilitar una transición gradual entre la vida laboral y la jubilación, al mismo tiempo que fomenta la transferencia de conocimientos entre generaciones. López subrayó que esta iniciativa busca garantizar que los empleados más experimentados compartan su experiencia con las nuevas generaciones de trabajadores.
En el sector público, el puesto del trabajador que releva al jubilado parcial se regulará como personal funcionario de carrera. Las plazas deberán incluirse en las ofertas de empleo público o en los planes de planificación equivalentes del año en que se produzca la jubilación, garantizando así que esta medida no genere costes adicionales para el presupuesto.
Además, el acuerdo establece que la jubilación parcial en el ámbito público se ajustará a lo dispuesto en la normativa de la Seguridad Social y Clases Pasivas, con las adaptaciones necesarias. Este marco se basa en el regulador pactado el 31 de julio de 2024 en la mesa de diálogo social entre el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO. El compromiso incluye trasladar de manera inmediata el contenido del acuerdo a la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas para iniciar el proceso de modificación normativa.