(El País, 10-02-2025) | Fiscal
El Gobierno aprobará este martes un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que pasará de 1.134 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. En años anteriores, junto con este incremento, el Ministerio de Hacienda solía elevar el mínimo exento de IRPF para evitar que los trabajadores con salarios más bajos vieran reducido el impacto positivo de la subida. Sin embargo, el SMI ha aumentado un 61% desde 2018, alcanzando a 2,5 millones de trabajadores y representando ya el 60% del salario medio, según cálculos del Ejecutivo. Esto ha generado un debate sobre el impacto fiscal de que un porcentaje tan alto de rentas laborales no tribute.
Dentro del Gobierno hay posturas divididas. Hacienda, que tiene la competencia sobre esta decisión, aún no ha aclarado si actualizará el mínimo exento, aunque fuentes cercanas sugieren que podría no hacerlo. El Ministerio de Trabajo, en cambio, defiende mantener la práctica de los últimos años y ajustar el mínimo exento al nuevo SMI. La disputa ha generado tensiones dentro del Ejecutivo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, criticó los "discursos populistas" en torno a este asunto, insistiendo en la necesidad de fomentar la "pedagogía fiscal" y asegurando que no se debe demonizar la contribución justa a los impuestos. Por su parte, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, respondió aludiendo a la importancia de la "justicia fiscal", que según ella debe empezar "por arriba y no por abajo".
Desde el ámbito sindical, Luis Zarapuz, miembro del gabinete económico de CC OO, sostiene que todas las rentas deberían contribuir al sistema fiscal, aunque cree que este no es el momento adecuado para debatir la tributación del SMI. Desde su punto de vista, antes sería necesario abordar una reforma fiscal progresiva y ambiciosa, pero las actuales condiciones políticas no lo permiten. Además, critica que se plantee gravar a los trabajadores con menores ingresos mientras se discuten exenciones fiscales del 100% para propietarios de viviendas en alquiler.
Entre los expertos en fiscalidad, hay consenso en que el IRPF debe tender a la universalización, es decir, que cada vez más personas lo declaren. Esto responde a dos razones: una recaudatoria y otra ligada a la gestión eficiente de las políticas públicas. Olga Cantó, catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá, explica que sin información completa sobre los ingresos de los hogares, es difícil diseñar medidas de redistribución eficaces. Por ello, considera que seguir aumentando el mínimo exento va en la dirección equivocada.
Otros economistas, como Julio López Laborda, de la Universidad de Zaragoza, o Violeta Ruiz Almendral, de la Universidad Carlos III, abogan por ampliar la obligación de declarar el IRPF a toda la población. Esto permitiría, por ejemplo, que las personas con rentas bajas puedan recibir beneficios fiscales mediante deducciones reembolsables, una herramienta que haría que quienes paguen menos impuestos reciban un ingreso adicional por parte del Estado. Jesús Ruiz-Huerta, presidente del grupo de expertos para la reforma fiscal, señala que este modelo ayudaría a eliminar el estigma de la dependencia económica y reforzaría la equidad tributaria.
El principal problema es que, mientras se avanza hacia una reforma integral del IRPF, si no se ajustan los mínimos exentos, los trabajadores con rentas más bajas podrían enfrentarse a un aumento de retenciones, con tipos impositivos efectivos superiores al 40% en algunos casos. Para evitarlo, el economista Santiago Lago Peñas propone crear un tramo impositivo inicial inferior al 10%, mientras que el inspector de Hacienda Francisco de la Torre sugiere aumentar el mínimo exento, pero menos que la subida del SMI, de modo que los trabajadores mantengan más ingresos, pero a la vez contribuyan en cierta medida.
Desde el ámbito político, Carlos Martín, portavoz económico de Sumar, defiende que el mínimo exento debe ajustarse al nuevo SMI, argumentando que en otros países europeos como Francia, Alemania, Portugal o Grecia, los salarios mínimos no tributan en el IRPF. Además, rebate la idea de que el número de trabajadores beneficiados sea demasiado alto, asegurando que el problema radica en que el SMI ha crecido muy rápido en pocos años para corregir una situación que debió solucionarse de manera progresiva en dos décadas. Confía en que, a medida que los salarios generales sigan subiendo, el SMI volverá a afectar solo a los trabajadores con menos experiencia y menor cualificación, y afirma que las empresas tienen margen suficiente para asumir esta evolución, ya que están obteniendo beneficios récord.