(El Economista, 19-12-2024) | Fiscal
La Agencia Tributaria ha intensificado y endurecido las inspecciones a los grupos empresariales y a las empresas familiares en relación con los precios de transferencia, es decir, los valores económicos a los que realizan operaciones con filiales o socios. Los expertos advierten que estos controles pueden derivar en ajustes fiscales significativos, incrementando considerablemente los impuestos que deben pagar las empresas. Además, estas inspecciones no tienen límites claros: se revisan todas las operaciones vinculadas, llegando incluso a entrevistar a empleados y clientes para determinar si los precios están correctamente pactados.
Los precios de transferencia son los importes que las empresas establecen en las transacciones con entidades relacionadas, como filiales o socios, y abarcan desde préstamos entre compañías hasta ventas o prestación de servicios. Según Antonio Puentes, socio del área fiscal de BDO Abogados, este tema es una prioridad en las inspecciones y figura cada vez más en los planes anuales de control tributario. Explica que Hacienda supervisa que estas operaciones se realicen a precios de mercado, como si se tratara de acuerdos con terceros independientes, con el objetivo de evitar que las empresas trasladen sus bases imponibles a territorios con menor carga fiscal.
Por ejemplo, una matriz española con una filial en zonas de baja tributación, como Canarias o Irlanda, podría reducir su tributación efectiva si incrementa las operaciones o transfiere elementos clave del negocio a estas regiones.
Flavio Sánchez, responsable de Precios de Transferencia en BDO Abogados, señala que anteriormente las inspecciones solían centrarse en temas como el uso de vehículos de empresa o gastos deducibles, cuyos ajustes fiscales eran predecibles. Sin embargo, los ajustes relacionados con precios de transferencia pueden ser mucho más significativos, llegando incluso a comprometer la rentabilidad de la empresa.
Sánchez también advierte que 2024 será un año con numerosas inspecciones, ya que prescribirá el ejercicio fiscal de 2020, marcado por el impacto del Covid-19 y las pérdidas sufridas por muchas compañías. En este contexto, Hacienda está poniendo especial énfasis en cuestionar si las pérdidas de grupos con filiales en España deben permanecer en el territorio nacional. "En el fondo, lo relevante es cuánta base fiscal se deja en cada país", afirma.
Las empresas que realizan operaciones vinculadas están obligadas a informar anualmente a través del modelo 232, que se presenta en noviembre. Es fundamental que la información proporcionada sea completa y esté actualizada, ya que una vez que la Agencia Tributaria accede a la documentación, comienza a realizar consultas a las compañías para verificar si las transacciones se ajustan a los precios de mercado.
Antonio Puentes subraya la importancia de una estrategia preventiva. "Las empresas deben contar con una documentación adecuada sobre precios de transferencia, que es obligatoria, y cumplir con las obligaciones informativas, como el modelo 232. Esto requiere trabajar con asesores especializados para diseñar una estrategia sólida que cumpla con la normativa nacional e internacional", destaca. Además, en caso de una inspección, es crucial tener un respaldo legal robusto para resolver las disputas, ya sea en el ámbito nacional o a través de procedimientos internacionales como arbitrajes o acuerdos amistosos entre países. "Las empresas que hayan hecho un buen trabajo previo pueden afrontar la inspección de manera razonablemente favorable", añade.
Por último, Sánchez concluye que la vigilancia sobre las operaciones vinculadas es una tendencia global, no exclusiva de España, ya que los grandes grupos empresariales tienen un peso significativo en la economía. No obstante, en España el impacto es mayor debido a la abundancia de empresas familiares.