(Cinco Días, 17-10-2024) | Fiscal
Hacienda ha puesto bajo la lupa el pago del impuesto extraordinario a la banca en los últimos ejercicios. La Agencia Tributaria ha identificado cuatro puntos que considera mal gestionados por las entidades en el cálculo del impuesto, lo que ha llevado a una reducción indebida de la base imponible sobre la cual se aplica la tasa, según fuentes del sector. Aunque el conflicto afecta a todas las entidades, el impacto varía entre ellas, y ya se preparan para un nuevo enfrentamiento legal contra el fisco.
Hace más de dos años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió al sector bancario al anunciar un impuesto extraordinario sobre lo que el Ejecutivo consideraba beneficios extraordinarios derivados del aumento de los tipos de interés. Ahora, a medida que este impuesto se aproxima a su fecha de caducidad, la Agencia Tributaria ha comenzado a revisar cómo las entidades han estado abonando este gravamen, según informó Bloomberg la semana pasada y ha confirmado este medio.
Las investigaciones de la Agencia Tributaria se centran en deducciones relacionadas con los cupones de los bonos AT1 (conocidos como "cocos", que refuerzan los colchones anticrisis de las entidades y se convierten en capital si el nivel de solvencia cae por debajo de cierto umbral), los ingresos obtenidos por la venta de seguros a través de sucursales y el tratamiento fiscal del negocio en el extranjero. Además, otras fuentes mencionan un cuarto elemento: la consideración de los activos fiscales diferidos, es decir, los créditos fiscales y cómo influyen en el nuevo impuesto.
El cálculo de este gravamen ha sido el eje de la disputa legal entre la banca y el Gobierno. El sector, representado por la Asociación Española de Banca (AEB) y Ceca (que agrupa a las antiguas cajas), ha recurrido el impuesto ante la Audiencia Nacional. Adicionalmente, entidades como Sabadell, Bankinter y Kutxabank presentaron una demanda específica, aunque la Audiencia rechazó las medidas cautelares solicitadas.
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha ratificado el impuesto a las grandes fortunas, que el Ejecutivo implementó junto al de la banca y las energéticas, a pesar de los recursos presentados por algunas comunidades autónomas. Varias entidades prevén firmar actas de disconformidad para iniciar nuevas acciones legales ante los tribunales.
La revisión del impuesto llega después de dos años de vigencia, con una recaudación total para el sector bancario cercana a los 3.000 millones de euros, calculada sobre un 4,8% del margen de intereses y comisiones. Según fuentes consultadas, la investigación comenzó debido a discrepancias con una entidad específica y luego se extendió al resto del sector. No obstante, el impacto no será uniforme: afectará más a aquellas entidades cuyo beneficio dependa principalmente del margen de intereses y menos a las que obtienen ingresos de negocios fuera de balance o con mayor presencia internacional. Los bancos han abonado el impuesto durante el primer trimestre de cada año, por lo que ya han contabilizado sus efectos en estos dos años.
El impuesto, que inicialmente fue aprobado por dos años, está a meses de expirar, a menos que el Gobierno decida prorrogarlo. En el plan presupuestario enviado a Bruselas, el Ejecutivo no ha incluido la extensión del impuesto a la banca ni a las energéticas, aunque planea hacer ambas tasas permanentes en una futura reforma fiscal. De esta decisión dependerá el margen de maniobra para incrementar el gasto público, que se ha fijado en el 3% del PIB.
En cuanto a las cifras, el Santander ha abonado 559 millones de euros en estos dos años, el BBVA 510 millones, y CaixaBank 866 millones. Entre las entidades medianas, Sabadell ha pagado 347 millones, Bankinter 172 millones, y Unicaja 142 millones. En conjunto, los seis principales bancos cotizados han aportado más de 2.600 millones de euros, lo que representa más del 80% del total recaudado. La nueva interpretación de Hacienda podría aumentar significativamente esta cifra.
Las entidades aún no pueden evaluar con precisión el impacto de este nuevo conflicto fiscal en sus resultados del tercer trimestre, que se presentarán a finales de este mes, por lo que se espera que las cifras definitivas no se conozcan hasta los resultados anuales del próximo año.
Este nuevo enfrentamiento con Hacienda añade incertidumbre sobre las cifras que los bancos presentarán en los próximos trimestres. Las recientes bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que se espera continúen, complicarán la consecución de nuevos récords de beneficios. El mercado anticipa que los bancos buscarán nuevas vías de rentabilidad, ya sea mediante la reactivación del crédito en España, el impulso de mercados internacionales o la expansión en negocios fuera de balance, donde puedan compensar la reducción en los márgenes de interés con mayores ingresos por comisiones. Una mayor carga fiscal aumentará la presión sobre las entidades en los próximos meses, sumada a un posible incremento de la morosidad, que por ahora no se espera.