(El Economista, 09-10-2024) | Fiscal
La Agencia Tributaria ha puesto su atención en el impuesto extraordinario aplicado a la banca y está reclamando cantidades adicionales. El organismo ha iniciado una inspección sobre la liquidación del gravamen correspondiente a 2023 y ha comenzado a enviar cartas a diversas entidades bancarias, indicando que han pagado una cantidad inferior a la que, según su criterio, corresponde, según informó Bloomberg.
El sector bancario ha abonado alrededor de 3.000 millones de euros en los dos últimos años, aplicando el tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y las comisiones netas generadas por las entidades en España, según lo estipulado en el impuesto que el Gobierno creó inicialmente para dos años, pero que extendió un año más y está considerando hacer permanente. Las diferencias en los cálculos se deben a discrepancias sobre lo que debe considerarse como base imponible, una cuestión que ya generó dudas cuando se instauró el gravamen.
Se especificó que el impuesto afectaría al negocio generado en España, es decir, a los ingresos obtenidos a través del margen financiero y las comisiones. Sin embargo, desde el principio surgieron dudas sobre si este gravamen debía aplicarse solo a la actividad bancaria tradicional, relacionada con créditos y la captación de ahorro mediante cuentas y depósitos, o si también se extendía a los ingresos generados por filiales, como las gestoras de activos o aseguradoras.
Las discrepancias en el cálculo podrían deberse a la exclusión de algunas de estas subsidiarias o actividades, según señalan fuentes cercanas al asunto. La inspección por parte de la Agencia Tributaria aún está en curso, ya que el proceso se encuentra en la fase de alegaciones. Se trata de un procedimiento habitual que realiza el organismo para verificar la correcta aplicación de las liquidaciones y que, a menudo, deriva en procesos que se prolongan en el tiempo.
En algunos casos, los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales aunque tengan dudas sobre la correcta aplicación del tributo, como podría suceder con un impuesto nuevo, para cumplir con los plazos de pago. Posteriormente, la Agencia podría aclarar ciertos aspectos, explican otras fuentes.
Esta inspección ocurre en un contexto en el que la industria financiera ha impugnado el gravamen en los tribunales, argumentando que supone una doble imposición y es discriminatorio. El impuesto afecta de manera desproporcionada a las grandes entidades bancarias nacionales en comparación con sus competidores, ya que excluye a la banca extranjera y a aquellas entidades que en 2019 no superaron los 800 millones de euros en ingresos.
El Gobierno justificó la creación de este impuesto afirmando que gravaría los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector bancario debido a la fuerte subida de los tipos de interés, con el objetivo de utilizar esos recursos para financiar ayudas a los colectivos más afectados por la crisis provocada por la guerra en Ucrania y el aumento de precios. Sin embargo, el Ejecutivo ha señalado su intención de mantener el impuesto, incluso ahora que el Banco Central Europeo ha comenzado a reducir los tipos de interés.