(Expansión, 17-12-2024) | Fiscal
El Gobierno enfrenta una semana decisiva para definir el nuevo marco tributario en España. Mientras el contenido final de la reforma fiscal se resolverá entre el miércoles en el Senado y el jueves en el Congreso de los Diputados (ver detalles en la información adjunta), el Ejecutivo avanza en la propuesta de incrementar la fiscalidad sobre el diésel y mantiene su intención de impulsar el impuesto a las energéticas. En este sentido, Hacienda se ha fijado un plazo de una semana para buscar un consenso, intentando sumar el apoyo de PNV y Junts. Si no lo consigue, el Gobierno ha prometido al ala izquierda del Parlamento aprobar la prórroga del impuesto energético mediante un decreto en el último Consejo de Ministros del año, programado para el lunes 23 de diciembre, a pesar de ser consciente de que probablemente no será convalidado.
Por ahora, las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre el impuesto energético parecen escasas, aunque el Ejecutivo no pierde la esperanza. Así lo expresó ayer desde Bruselas la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien señaló que el debate sobre la continuidad del gravamen sigue abierto. Según Aagesen, "la prioridad es asegurar un presupuesto que fortalezca la estructura económica del país", y destacó que se están buscando "las mejores soluciones", aunque el respaldo de Unidas Podemos a los Presupuestos sigue condicionado a la aprobación del tributo energético.
La primera tentativa de Hacienda para consensuar una propuesta tuvo lugar el miércoles pasado, pero la ausencia de Junts y PNV en la reunión convocada con los socios parlamentarios evidenció las dificultades para lograr un pacto. Ambos partidos han condicionado su apoyo a la eliminación del impuesto que afecta a los sectores petrolero, eléctrico y gasista. Sin embargo, frente a la presión de ERC, Bildu y BNG, que amenazaron con bloquear el paquete fiscal, el Gobierno optó por comprometerse a prorrogar el gravamen. Paralelamente, se acordó con Junts incluir incentivos para las inversiones en electrificación.
En vísperas de la votación en el Congreso, Unidas Podemos consiguió que el Gobierno aceptara crear una comisión con los socios parlamentarios para rediseñar el impuesto antes de fin de año o, en su defecto, aprobar una prórroga temporal mediante un Real Decreto-ley. No obstante, la primera reunión de esta comisión, celebrada la semana pasada, no logró avances significativos. Ahora, el Ejecutivo intenta que PNV y Junts asistan a una nueva reunión programada para mañana con el objetivo de explorar un posible consenso. Entre las propuestas para atraer su apoyo destacan la inclusión de bonificaciones para proyectos de electrificación y descarbonización, con el fin de reducir costes para las empresas y mitigar el riesgo de deslocalización, así como la posible cesión del gravamen a los territorios forales, permitiéndoles adaptarlo a sus necesidades.
El plazo para alcanzar un acuerdo concluye el próximo lunes, cuando está previsto el último Consejo de Ministros del año, según fuentes oficiales. El compromiso con Unidas Podemos establece que, de no lograrse un consenso, el gravamen será prorrogado por decreto. Sin el respaldo de PNV y Junts, esta decisión tendría un impacto limitado, ya que el Congreso podría rechazar su convalidación el mes siguiente, invalidando el impuesto.
Paralelamente, el Gobierno planea compensar la posible pérdida de ingresos igualando la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, sin afectar al transporte profesional, con el objetivo de recaudar 1.500 millones de euros adicionales al año, según lo comprometido con Bruselas. Aunque esta medida se tramitaría en un decreto separado, Unidas Podemos ha advertido que retirará su apoyo si el Ejecutivo no cumple sus exigencias, lo que podría poner en riesgo la aprobación de los Presupuestos si el impuesto energético decae.