(Expansión, 12-12-2024) | Fiscal
La Unión Europea presiona al Gobierno para que apruebe antes de fin de año la equiparación fiscal entre diésel y gasolina, mientras la negociación sobre el impuesto a las energéticas se encuentra estancada debido a las divisiones entre sus aliados parlamentarios. PNV y Junts han decidido no participar en las conversaciones con Hacienda, lo que obliga al Ejecutivo a prorrogar este gravamen por decreto, con el riesgo de que decaiga en un mes.
Ayer, el Gobierno convocó a sus socios parlamentarios para abordar el rediseño del impuesto a las empresas energéticas, una condición impuesta por Unidas Podemos para respaldar la reforma fiscal. Sin embargo, el diálogo quedó bloqueado desde el inicio por el rechazo de PNV y Junts a extender el tributo, una medida apoyada por Podemos, Bildu, ERC y BNG. Aunque Hacienda no descarta intentar consensuar una versión revisada del gravamen con incentivos a la descarbonización, su prioridad inmediata es sacar adelante la equiparación fiscal del diésel a la gasolina antes de que finalice el año, ya que este compromiso sí cuenta con el aval de Bruselas.
En un principio, el Gobierno había considerado incluir el impuesto energético y la subida fiscal del diésel en un mismo decreto. No obstante, la falta de acuerdo sobre el gravamen a las energéticas llevó al Ejecutivo a separar ambas iniciativas, centrando sus esfuerzos en aprobar la medida sobre el diésel antes de que termine 2024, según fuentes cercanas al proceso.
La equiparación fiscal del diésel con la gasolina es una asignatura pendiente que permitiría a España cumplir con dos objetivos clave de la reforma fiscal acordada con la Unión Europea. Por un lado, cumpliría con los avances en fiscalidad medioambiental, ya que el diésel no es menos contaminante que la gasolina y no debería contar con incentivos fiscales. Por otro lado, ayudaría a recaudar cerca de 1.500 millones de euros adicionales, tal como solicita la Comisión Europea para equilibrar las cuentas públicas en línea con las normas comunitarias.
Esta subida del impuesto al diésel, que incrementará su precio en unos 10 céntimos por litro sin afectar a los profesionales, se incorporará también al IVA, lo que elevará aún más el coste final. Aunque la medida decayó previamente debido a la oposición de Unidas Podemos, este grupo ha aclarado posteriormente su apoyo, lo que genera confianza en Hacienda para aprobarla ahora.
La estrategia del Ministerio de Hacienda consiste en presentar la medida de forma independiente, evitando iniciativas que puedan poner en peligro su aprobación. Este enfoque busca aprobarla a través de un Real Decreto-ley antes de fin de año, asegurando que se incluya en la solicitud del quinto pago de los fondos Next Generation vinculados a la reforma fiscal. De esta manera, Hacienda espera garantizar los apoyos necesarios para convalidar la medida un mes después. Separar esta iniciativa del debate sobre el impuesto a las energéticas es clave, especialmente ante la falta de participación de PNV y Junts en las negociaciones.