(La Vanguardia, 17-12-2024) | Laboral
El Gobierno ha comenzado a desplegar esfuerzos en el ámbito parlamentario para asegurar un acuerdo que permita avanzar en la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha expresado públicamente su confianza en lograr los apoyos necesarios, pese a las divergencias iniciales entre los partidos que respaldan al Ejecutivo respecto a la propuesta de implantar las 37,5 horas semanales. Tanto el Gobierno como los sindicatos, que actualmente están llevando a cabo reuniones con diferentes formaciones políticas, consideran que aún hay margen para alcanzar un consenso, a pocos días de que se firme el acuerdo bipartito entre el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales UGT y CCOO.
Sin embargo, para que la medida prospere, el Ejecutivo deberá intensificar sus esfuerzos, principalmente debido a la oposición mostrada por algunos socios clave de la coalición, como PNV y Junts. Estas formaciones han manifestado serias reservas sobre la implantación generalizada de las 37,5 horas. Ayer mismo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se reunió con Carles Puigdemont en Waterloo para abordar el tema, destacando tras el encuentro que aún queda trabajo por hacer para convencer a Junts. "Tenemos la sensación de que hay que seguir dialogando, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ello", afirmó Álvarez.
Junts ya había advertido al Gobierno a principios de año que cualquier negociación sobre la reducción de jornada debía considerar el impacto en el tejido productivo catalán. Estas preocupaciones han sido respaldadas por las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec, que rechazan una reducción generalizada de la jornada laboral mediante la reforma del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.
En este contexto, fuentes empresariales aseguran que el Gobierno probablemente tendrá que reintroducir ayudas a las empresas, eliminadas en las últimas versiones del acuerdo con los sindicatos. Esta decisión se tomó tras el rechazo de CEOE y Cepyme, que consideran que las compensaciones propuestas no cubren los costes estructurales de la medida, estimados en 15.000 millones de euros anuales según el Consejo General de los Gestores Administrativos. Además, las patronales insisten en que la definición y distribución de la jornada laboral debe ser un tema negociado en los convenios colectivos, y no impuesto por ley.
La oposición de las organizaciones empresariales catalanas se justifica especialmente por el peso de sectores como la hostelería y el turismo en la economía de la región. Estos sectores emplean a un alto porcentaje de trabajadores con convenios por encima de las 37,5 horas, lo que implicaría mayores costes salariales, nuevas contrataciones o más horas extras. Según las fuentes, regiones como Gerona y Tarragona, donde Junts tiene una fuerte presencia institucional, serían especialmente afectadas, lo que podría elevar el precio político de un eventual apoyo de la formación a la medida.
Además, las mismas fuentes dan por hecho que durante el trámite parlamentario se recuperarán las ayudas económicas para las pequeñas y medianas empresas, posiblemente incluso superando las planteadas en el llamado 'Plan Pyme 375' diseñado por el Ministerio de Trabajo. Estas ayudas, según advierten, tendrían un alcance limitado para paliar el impacto de la medida.
En paralelo, Junts recientemente consiguió una rebaja fiscal para pymes y micropymes en el marco de la reforma tributaria, con una reducción del impuesto de sociedades para empresas con una facturación inferior a un millón de euros. Este antecedente refuerza su capacidad de negociación frente al Gobierno.
Por su parte, Foment del Treball ha intensificado la presión con la publicación de un manifiesto titulado "Sí a la economía productiva, sí al diálogo social, sí a la democracia", en el que rechazan la aplicación generalizada de la medida debido a los "elevados costes laborales" que implicaría. La patronal argumenta que esto afectaría negativamente los presupuestos de las empresas, al incrementar los salarios, las contrataciones y las horas extras.
En este contexto, Foment y otras organizaciones empresariales piden que se respete el diálogo social como el mecanismo principal para tomar decisiones, protegiendo los intereses de empresas, trabajadores y la economía en su conjunto.