(La Vanguardia, 23-04-2025) | Laboral

CEOE y Cepyme se niegan a ceder espacio a Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). Tras la orden publicada por el Ministerio de Trabajo el pasado 10 de abril en el BOE, que daba diez días para pactar una redistribución de vocalías con la patronal catalana Pimec, la CEOE ha optado por recurrir a la vía judicial para frenar el proceso. En concreto, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional con el objetivo de paralizar la ejecución de dicha orden.

Este nuevo recurso amplía otro anterior que la patronal ya había interpuesto contra una orden de agosto de 2024, en la que se establecían las reglas para la designación de miembros en la citada comisión. Mientras aquella norma fijaba el marco normativo, la del 10 de abril implicaba su aplicación práctica. Además, CEOE solicita medidas cautelares para que ambas órdenes queden en suspenso mientras no haya resolución judicial.

El movimiento confirma la reticencia de CEOE y Cepyme a compartir espacios de representación institucional con otras patronales como Pimec, e incluso con Conpymes. Esta disputa no se limita a la CCNCC, sino que se extiende al Consejo Económico y Social (CES) y podría intensificarse cuando se aborde la representatividad empresarial en la negociación colectiva, una cuestión estratégica para la CEOE.

El argumento principal que esgrimen CEOE y Cepyme para rechazar la incorporación de Pimec es que su representatividad es, según ellos, insuficiente. Apelan a la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que la representatividad no otorga automáticamente un derecho pleno a participar en órganos consultivos, debiendo tenerse en cuenta criterios de proporcionalidad y ámbito geográfico. A su juicio, Pimec no alcanzaría esos mínimos exigidos.

Un segundo punto que plantean es que Pimec, al formar parte de una confederación de ámbito estatal como Conpymes, no podría ocupar una vocalía en la comisión de convenios. Sostienen que la normativa que regula la representación empresarial excluye a las organizaciones autonómicas integradas en estructuras estatales de este tipo de órganos.

La propuesta de nuevo reparto dejaría 4 vocalías para la CEOE, 1 para Cepyme y 1 para Pimec, frente al reparto actual que otorga 5 a CEOE y 1 a Cepyme. Al conocer la impugnación, adelantada por La Vanguardia, desde Pimec han calificado la acción como "sorprendente y preocupante", criticando que se recurra a los tribunales en lugar de aceptar una representatividad empresarial "más plural, democrática y fiel a la realidad".

La orden ministerial del 10 de abril cesaba a los seis vocales actuales y abría un plazo de diez días para llegar a un acuerdo con Pimec. Si no se producía el consenso, el Ministerio de Trabajo tomaría la decisión basándose en criterios objetivos, entre ellos garantizar al menos una vocalía para Pimec.

Tras publicarse la orden, Pimec envió una propuesta a las otras organizaciones empresariales para consensuar una redistribución en la comisión, expresando su voluntad de participar "de forma constructiva" en la búsqueda de consensos que permitan actualizar la representación empresarial en este órgano. La comisión ejerce funciones consultivas sobre los convenios colectivos y actúa como observatorio de la negociación colectiva. Su composición es clave, y este paso marca un cambio en el mapa de la representatividad patronal en España.

Además, el Ministerio de Trabajo ya ha reconocido el derecho de Pimec a ocupar una plaza en el Consejo Económico y Social. La decisión se basa en jurisprudencia que avala que las patronales con mayor representación en sus respectivas comunidades autónomas tienen derecho a estar presentes también en órganos estatales, siempre que superen un umbral mínimo del 15% de representación empresarial y de trabajadores. Un requisito que, según el Ministerio, Pimec cumple ampliamente.

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