(Expansión, 13-01-2025) | Fiscal
El tiempo es un elemento crucial, tanto de forma positiva como negativa, especialmente cuando se trata de evaluar el impacto de las decisiones tomadas o de verificar el cumplimiento de las normativas. Sin embargo, con frecuencia, estas constataciones llegan en un momento en el que su relevancia práctica ha disminuido considerablemente. Hoy, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presenta el informe solicitado por el Gobierno en julio de 2023 para determinar si los bancos han cumplido con la prohibición de trasladar a los clientes el coste del gravamen extraordinario impuesto a las principales entidades.
Este gravamen, inicialmente aprobado para los años 2022 y 2023 y ampliado posteriormente a 2024, se ha transformado recientemente para aplicarse durante otros tres años (2024, 2025 y 2026), modificando tanto sus condiciones como las entidades afectadas.
La solicitud formal a la CNMC para analizar si los bancos cumplían con la normativa llegó en julio de 2023. Desde entonces, la Comisión ha tardado aproximadamente un año y medio en completar su evaluación y emitir el informe correspondiente. Es llamativo que la publicación de este análisis coincida justo con el final de la prohibición para que los bancos repercutan estos costes a sus clientes. A partir de ahora, el nuevo impuesto podrá ser tratado como un coste adicional, al igual que otros impuestos y tasas que enfrentan las entidades financieras. Esto evidencia una discrepancia entre la decisión gubernamental de proteger a los clientes y la capacidad real de supervisión para garantizar su cumplimiento.
Un obstáculo importante fue el acceso a los datos bancarios. Aunque la normativa establecía que el Banco de España debía colaborar con la CNMC, la información necesaria está bajo la jurisdicción del Banco Central Europeo (BCE) debido a la creación del Eurosistema. Esta situación dificultó la obtención de los datos, ya que el BCE mantiene estricta confidencialidad sobre la información de las entidades que supervisa. Finalmente, se llegó a un acuerdo que permitía consultar los datos sin copiarlos ni sacarlos del ámbito del BCE, lo que implicó un proceso más lento y restringido.
El informe de la CNMC no ofrece conclusiones definitivas. No se puede afirmar categóricamente que los bancos hayan incumplido la normativa, pero tampoco se descarta. La falta de tensiones en los balances durante los años 2023 y 2024, junto con la elevada liquidez del sistema financiero español, ha contribuido a esta ambigüedad. Según los últimos datos disponibles, en septiembre de 2023, la ratio de cobertura de liquidez del sistema bancario español era del 181%, muy por encima del mínimo regulatorio del 100%.
Por el lado del crédito (activo), los datos muestran que las entidades no han trasladado el coste del gravamen a los deudores. Durante estos años, el endeudamiento de empresas y familias se ha mantenido estable, lo que ha llevado a los bancos a limitar el aumento del coste de los créditos para mantener su competitividad. En septiembre de 2023, la deuda total de empresas y familias alcanzaba los 1,7 billones de euros, un 109% del PIB, cinco puntos menos que el año anterior.
Aunque los controles establecidos por el Gobierno son positivos, su eficacia queda en entredicho cuando los resultados se conocen una vez que las normativas han perdido vigencia. Esto evidencia la necesidad de diseñar mecanismos de supervisión más ágiles y oportunos.