(El Economista, 20-01-2025) | Fiscal
Renunciar a las nuevas cuentas públicas invalida el techo de gasto proyectado hace meses, que ascendía a 195.353 millones de euros, excluyendo las transferencias de los fondos europeos. Esta cifra supera con creces los 173.065 millones establecidos como límite en los Presupuestos vigentes desde hace dos años. Extenderlos por otro año implicaría un ahorro superior a los 22.200 millones de euros según las previsiones de gasto.
Además, mantener un límite de gasto inferior contribuiría a que España cumpla con las normativas europeas. Es importante recordar que el Gobierno había proyectado realizar un ajuste mínimo del 0,8% del PIB hasta 2027. Esta cifra podría haber aumentado considerablemente si las negociaciones con Junts hubieran prosperado, ya que el partido de Puigdemont demandaba una senda fiscal que permitiera a las comunidades autónomas alcanzar un déficit del 0,8%, siete décimas más de lo que inicialmente proponía el Ejecutivo. Esa diferencia habría tenido que ser absorbida por el Estado, dificultando el cumplimiento de los compromisos fiscales con la Unión Europea.
Pese a este escenario, el Gobierno no da por perdida la relación con Junts, que ha exigido una reunión urgente en Suiza con los socialistas. El PSOE ha confirmado su disposición a asistir, aunque aún no se ha concretado la fecha ni la identidad de los representantes que participarán en el encuentro. Por ahora, se desconoce si el presidente Pedro Sánchez liderará la delegación.
Puigdemont, por su parte, ha insistido en la gravedad de la situación y ha presionado al PSOE para que tome una decisión respecto a la iniciativa que Junts ha registrado en el Congreso, la cual busca forzar una cuestión de confianza sobre Sánchez. El pasado jueves, la Mesa del Congreso decidió aplazar nuevamente la calificación de dicha propuesta. Según Puigdemont, esta inacción parlamentaria marca un "punto de no retorno" en la relación entre ambos partidos. El Gobierno, sin embargo, ha respondido de manera cauta. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, aseguró que algunos acuerdos con Junts ya están en marcha, mientras que otros están en proceso de negociación.
Fuentes parlamentarias interpretan las exigencias de Puigdemont como un intento de resolver su situación personal, ya que la ley de amnistía aún no le permite regresar a Barcelona. Consideran que mientras esto no se solucione, el líder de Junts seguirá aumentando la presión sobre el Gobierno. Aun así, Puigdemont ha admitido que su postura supone "una apuesta arriesgada", aunque mantiene abierta la posibilidad de provocar un colapso legislativo. Al mismo tiempo, ha rechazado respaldar la moción de censura planteada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al no querer alinear sus votos con los de Vox.
Una prórroga presupuestaria definitiva supondría un revés político para Sánchez, al evidenciar por segundo año consecutivo que carece de la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el principal proyecto legislativo. Este contexto añade presión al Ejecutivo, ya que los Presupuestos actuales provienen de la legislatura anterior.
En este complejo panorama, Sumar, socio de coalición, busca mediar en el conflicto. Desde la formación aseguran que todavía hay margen para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear los Presupuestos de 2025. Según fuentes de Sumar, mantener el apoyo de Junts es clave para aprobar varias leyes importantes, como la reducción de la jornada laboral, que Yolanda Díaz quiere llevar al Consejo de Ministros el próximo 4 de febrero con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2026.
Mientras tanto, las comunidades autónomas se enfrentan a la incertidumbre presupuestaria. Once gobiernos regionales ya han comenzado a trabajar bajo la premisa de un déficit del 0,1%, conforme al techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, otras comunidades, como Baleares, Murcia, Aragón, Cataluña y la Comunitat Valenciana, esperan el desenlace de las negociaciones entre el Gobierno y Junts para planificar sus cuentas.