(El País, 24-02-2025) | Laboral
En 2024, España registró un aumento en los despidos colectivos, suspensiones de contrato y reducciones de jornada en comparación con el año anterior. Como resultado, 189.203 trabajadores se vieron afectados, lo que supone un incremento de 8.000 personas respecto a 2023 (+4,45%). Por tercer año consecutivo, el 60% de los casos se concentraron en la industria, según datos del Ministerio de Trabajo. Desde la pandemia, las empresas han recurrido con mayor frecuencia a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar despidos masivos en tiempos de dificultad. Aunque la actividad económica se ha recuperado tras la crisis sanitaria, el sector industrial sigue enfrentando un contexto internacional marcado por la inestabilidad política, la volatilidad de los precios energéticos y la incertidumbre económica, factores que generan nuevos desafíos.
La guerra comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la Unión Europea como uno de sus principales objetivos, supone una amenaza para sectores como el automovilístico, que ya muestra signos de desgaste. Los ERTE, diseñados para proteger el empleo en situaciones temporales de crisis empresarial, están sirviendo como un escudo frente a la destrucción de puestos de trabajo.
La lista de compañías que han aplicado ERTE en los últimos meses muestra el impacto generalizado de la situación. Empresas del sector automovilístico (Ford, Volkswagen Navarra, Stellantis y Silence), metalúrgico (ArcelorMittal), alimentario (Danone y Bimbo) y de telecomunicaciones (Cellnex y MasOrange), entre otras, han optado por esta medida tras atravesar dificultades económicas. Miles de trabajadores han visto alterada su estabilidad laboral en un sector industrial inmerso en un complejo proceso de transformación. Los sindicatos advierten que esta adaptación es crucial para que la industria recupere su peso en la economía nacional.
El sector automovilístico, uno de los pilares de la economía española, se enfrenta a múltiples desafíos: la incertidumbre regulatoria sobre los vehículos de combustión, las dificultades en el desarrollo del coche eléctrico y la llegada masiva de automóviles eléctricos producidos en China. España, como segundo mayor fabricante europeo de vehículos, ha visto necesario implementar medidas de apoyo. Por ello, el Gobierno aprobó a finales del año pasado un mecanismo RED de ERTE para sectores en proceso de reconversión industrial. "El automóvil representa un 10% del PIB y da empleo directo a unas 200.000 personas", argumentó el Ejecutivo al presentar esta herramienta. "El sector enfrenta desafíos estructurales y coyunturales, como la transición a la movilidad eléctrica, la automatización y la competencia internacional", añadió.
Desde el ámbito sindical, se considera que la transformación del sector justifica estas medidas. "Con la llegada del coche eléctrico, será necesario replantear la producción de ciertas piezas. Por ejemplo, los embragues desaparecerán, lo que obligará a reorganizar las líneas de fabricación y a capacitar a los trabajadores en nuevas áreas para abordar la reindustrialización de diversas regiones afectadas por el cierre de empresas", explica Gerardo Cortijo, secretario de Política Industrial de CC OO. Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en 2050 todos los vehículos en circulación en España deberán ser de cero emisiones.
Los datos reflejan el impacto de esta transformación. En los últimos 12 meses, se registraron 8.651 despidos colectivos en la industria, lo que supone un aumento de 1.196 con respecto a 2023. Sin embargo, los expertos sostienen que el recurso a los ERTE ha mitigado el impacto en el empleo. Como prueba, señalan que el número de suspensiones de contrato (99.647 en 2024) es casi el doble del registrado en 2019, antes de la pandemia, cuando la economía sufrió un parón sin precedentes que impulsó el uso de estos mecanismos.
"No estamos viendo una pérdida de empleo ni de estabilidad en la industria", afirma Juan Antonio Vázquez, secretario de Política Industrial de UGT-FICA. "El sector está en plena transformación debido a cambios en los procesos productivos, y eso conlleva regulaciones de empleo que, en muchos casos, se están negociando con los trabajadores", añade.
Los sindicatos coinciden en que los ERTE siguen siendo una herramienta clave para la protección del empleo, como ya lo fueron durante la pandemia. Este mecanismo de suspensión laboral, incluido en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y reformulado en varias ocasiones, cobró especial relevancia durante la crisis de la covid, beneficiando tanto a empleados como a empresarios. Entre las medidas adoptadas en aquel período se encontraban bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que evitaran despidos y la garantía de que los trabajadores no consumieran sus derechos acumulados de desempleo entre 2020 y 2021.
Con la reforma laboral de finales de 2021, el Gobierno, en acuerdo con sindicatos y empresarios, introdujo por primera vez el Mecanismo RED, un sistema estructural diseñado para responder a crisis cíclicas o sectoriales. Además, se simplificaron los procedimientos para solicitar y aprobar expedientes de regulación de empleo, manteniendo bonificaciones y exoneraciones que facilitan la adaptación del tejido productivo sin recurrir a despidos masivos.