(El País, 30-12-2024) | Laboral
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha solicitado este viernes a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que intervengan contra el convenio aprobado por la Comunidad de Madrid, el cual establece las condiciones laborales de los empleados públicos de la región hasta 2028, según informaron fuentes del Ministerio. Desde este departamento se considera que dicho acuerdo "limita el derecho de protesta de los trabajadores públicos". El convenio fue suscrito por la Comunidad de Madrid y los sindicatos CSIT Unión Profesional, CC OO Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid, CSIF y UGT Servicios Públicos Madrid.
El acuerdo en cuestión corresponde a la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, aprobado el 11 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 23 de diciembre.
El punto de controversia radica en el artículo 10 y la disposición adicional décima del convenio, que permiten a la Administración suspender la "implantación de la carrera profesional horizontal", incluidos sus efectos retributivos, en caso de que los sindicatos firmantes promuevan huelgas, concentraciones, manifestaciones o cualquier otra medida de conflicto colectivo. Esto va más allá de lo que permite la legislación actual, que solo contempla que las empresas puedan descontar el salario correspondiente a los días de huelga. En este caso, el empleador, es decir, la Comunidad de Madrid, podría eliminar los complementos salariales asociados a la carrera profesional, no solo para quienes participen en huelgas, sino también para aquellos que tomen parte en cualquier tipo de protesta laboral.
El Ministerio de Trabajo ha enviado este mismo viernes sendas cartas a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo advirtiendo que esta cláusula "penaliza el ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y libertad de expresión, lo que constituye una vulneración evidente de estos derechos". Además, señala que esta medida supone una "degradación de la participación democrática de las personas trabajadoras", algo especialmente grave al tratarse de convenios colectivos que regulan las relaciones laborales en el sector público de una comunidad autónoma como Madrid.
Trabajo califica esta cláusula como un mecanismo de paz social que excede los límites permitidos, generando efectos negativos no solo para las organizaciones firmantes, sino también para los trabajadores afectados, contraviniendo lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
El Ministerio sostiene, además, que tanto el convenio como el acuerdo son susceptibles de impugnación al contravenir la legalidad constitucional vigente y perjudicar gravemente los derechos de terceros. Por ello, ha instado a la Fiscalía a realizar los trámites necesarios para impugnar el convenio colectivo y emprender, si corresponde, las acciones penales pertinentes. Asimismo, ha pedido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen de oficio, dado que son las instituciones competentes, frente a la inacción de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que aprobó los textos.