(El País, 28-03-2025) | Laboral
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) surgieron en España como una herramienta para combatir la pobreza, especialmente la infantil. Sin embargo, años después de su implementación, siguen sin llegar a una gran parte de los beneficiarios que podrían acceder a ellos. La ayuda por hijos solo alcanza al 10,5% de los hogares con menores, a pesar de que más del 50% cumple con los requisitos. Por su parte, en 2023 el IMV solo cubría aproximadamente a la mitad de la población elegible. Si ambas prestaciones se aplicaran de manera efectiva, la pobreza infantil severa podría reducirse en seis puntos porcentuales, pasando del 13,7% actual a un nivel significativamente menor.
Estas son algunas de las conclusiones extraídas de un estudio realizado por la Plataforma de la Infancia y el Future Policy Lab, basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El informe destaca cómo la falta de información y los obstáculos burocráticos limitan el alcance de estas ayudas y propone soluciones para que lleguen a más personas. Este es un asunto clave en un país con una de las tasas más altas de pobreza infantil en la Unión Europea-el 35% de los menores están en riesgo de pobreza o exclusión, según Eurostat-y donde las políticas de prestaciones familiares han sido menos eficaces para reducir esta problemática en comparación con otros países europeos.
José Antonio Noguera, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador del estudio, señala que estos datos reflejan problemas estructurales que mantienen a España con una tasa de pobreza elevada respecto a otros países europeos. Entre las causas, menciona el modelo de mercado laboral y un sistema de rentas que no favorece la redistribución. Además, el diseño del sistema de prestaciones se centra más en la protección contributiva y el desempleo que en la reducción de la pobreza. "Eso no está mal, pero otros países han logrado lo mismo sin descuidar a los sectores más vulnerables, que es lo que está ocurriendo aquí", explica el investigador y senior fellow del Future Policy Lab.
El IMV fue aprobado en plena pandemia con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de mayor precariedad. Por su parte, el CAPI fue diseñado en 2022 como una extensión del IMV, aunque puede otorgarse de manera independiente, ya que sus requisitos de renta son menos estrictos. Este complemento representa una mejora respecto a la antigua prestación por hijo a cargo, que variaba según la edad del menor.
En teoría, estas ayudas deberían suponer un apoyo fundamental para la economía de las familias con menos recursos. Sin embargo, en la práctica su impacto es limitado. Según la Autoridad Fiscal, la mitad de quienes podrían recibir el IMV no lo perciben-aunque algunos acceden a otras ayudas autonómicas-, mientras que en el caso del CAPI, el porcentaje de potenciales beneficiarios que no lo recibe asciende al 73%. Aunque esta situación podría haber cambiado en el último año, Noguera considera que no se han producido avances significativos. El informe concluye que si ambas prestaciones llegaran a toda la población elegible, la tasa de pobreza infantil severa se reduciría en más de cuatro puntos y prácticamente desaparecería en familias monoparentales, incluso si la cobertura no fuera total.
No obstante, el impacto sería menor en los hogares con dos adultos y tres o más hijos, así como en la pobreza relativa. Actualmente, la tasa de pobreza infantil es del 28%, y una aplicación completa de estas ayudas solo la reduciría en 2,6 puntos. Por ello, el informe titulado El impacto del Ingreso Mínimo Vital y del Complemento de Ayuda a la Infancia sobre la pobreza infantil: limitaciones y vías de reforma propone modificaciones en el diseño de las prestaciones.
Entre las principales recomendaciones, destaca la desvinculación del CAPI del IMV. "En la mayoría de países europeos, las ayudas por hijo son independientes del sistema de rentas mínimas y, en muchos casos, son universales. Vincularlas al IMV limita el acceso, ya que muchas familias desconocen que pueden solicitarlas o no creen cumplir los requisitos porque no se consideran por debajo del umbral de la pobreza", explica el informe. También se sugiere que el CAPI evolucione hacia un crédito fiscal reembolsable-similar a la prestación de 0 a 3 años para madres trabajadoras-y, a largo plazo, se convierta en una ayuda universal, una propuesta que ya ha sido planteada por Sumar.
En cuanto al IMV, el documento recomienda flexibilizar los criterios de patrimonio, aumentar las cuantías y, sobre todo, calcular la prestación en función de los ingresos del mes en curso en lugar de los del año fiscal anterior. Esto permitiría responder mejor a la volatilidad económica que enfrentan muchos hogares vulnerables.
"Se trata tanto de un problema de diseño como de recursos", resume Noguera, recordando que el acuerdo del Gobierno de coalición ya contemplaba la separación del CAPI del IMV. "El verdadero milagro es que la pobreza no haya aumentado aún más tras la pandemia y la crisis inflacionaria. No se entiende por qué se sigue postergando una reforma que es urgente", concluye.