(El Periódico, 18-02-2025) | Fiscal
Nueva controversia en torno a la financiación singular de Cataluña y, en particular, sobre la futura gestión y recaudación del impuesto sobre la renta (IRPF) a partir del próximo año. La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado su rotundo rechazo después de que la 'consellera' de Economía, Alícia Romero, anunciara el pasado viernes que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) utilizará la próxima campaña de la renta como un "banco de pruebas" en preparación para asumir la gestión del IRPF, según lo pactado entre el PSC y ERC. Además, Romero adelantó la incorporación de 90 nuevos trabajadores a la ATC de forma permanente y otros 102 de manera temporal para reforzar la campaña de la renta, ampliando a más de 80 los puntos de atención a los contribuyentes.
La IHE, que ya había mostrado su oposición a este modelo de "financiación singular", insiste en que su implementación requiere la transferencia a la ATC de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) en Cataluña. En su comunicado, advierten que esto supondría el desmantelamiento de la AEAT en la comunidad autónoma. Además, la asociación sostiene que un sistema similar al cupo vasco y navarro no está recogido en la Constitución ni en su normativa de desarrollo, por lo que consideran que el régimen propuesto es actualmente ilegal. También señalan que algunos de sus impulsores han afirmado que este sería el primer paso hacia la independencia de Cataluña.
Ante la imposibilidad de instaurar este nuevo modelo de inmediato, la estrategia planteada, según los inspectores de Hacienda, consiste en una implantación gradual que comenzaría con la gestión del IRPF, seguida por la del IVA y otros tributos, hasta alcanzar el control total sobre la gestión, inspección, recaudación y liquidación de todos los impuestos en Cataluña. En este contexto, la Generalitat ha dado ya el primer paso mediante el refuerzo de la estructura de la ATC para la campaña del IRPF de este año, incrementando su presencia territorial y el número de oficinas.
"El aumento de personal irá acompañado de un despliegue territorial significativo: se habilitarán 36 oficinas en toda Cataluña, incluidas cuatro en las capitales de provincia, con más mostradores de atención. En total, se pasará de 35 a 87 mostradores, lo que supone un incremento del 148% respecto a la campaña anterior", subraya la Generalitat. En este sentido, Romero afirmó que el objetivo es que la ATC asuma en solitario la gestión de la renta a partir del próximo año, por lo que la campaña actual servirá como un ensayo en esa dirección.
Los inspectores de Hacienda consideran que en cualquier otra comunidad autónoma este refuerzo se enmarcaría dentro de la colaboración entre Administraciones, pero en el caso de Cataluña lo interpretan como un movimiento para que la ATC gestione la campaña de forma exclusiva en el futuro, sin participación de la AEAT. Para ellos, esto representaría una situación inédita en el resto del país.
En su comunicado, el colectivo manifiesta su preocupación por lo que consideran "una falsa colaboración", que en última instancia llevaría a la desaparición de la AEAT en Cataluña. Hasta ahora, recuerdan, la Agencia Tributaria estatal ha gestionado las campañas del IRPF en todo el territorio nacional, procesando cada año en Cataluña cerca de cuatro millones de declaraciones, incluyendo su grabación, liquidación y devolución.
Por ello, los inspectores reclaman a la Agencia Tributaria estatal que no adopte ninguna medida que altere la actual prestación de los servicios tributarios en Cataluña mientras no se modifiquen las normas vigentes del sistema tributario. En cuanto a la campaña del IRPF, exigen que se mantenga la tradicional colaboración entre ambas administraciones y advierten contra cualquier intento de gestionar el impuesto fuera del marco legal. Finalmente, recuerdan la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista y advierten de posibles responsabilidades, incluso penales, por cualquier medida o gasto público destinado a instaurar un régimen fiscal que, según ellos, carece de respaldo legal en la actualidad.