(Expansión, 14-10-2020) | Sector
La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos (UP) para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sublevado a la oposición, que recurrirá al Constitucional, y a los jueces, que temen que la institución quede en manos del Gobierno. PSOE y UP sostienen que su objetivo es superar el "bloqueo" al que somete el PP al órgano de gobierno de los jueces: está cerca de cumplir dos años en funciones, los populares se niegan a negociar nuevos nombres, y sin ellos hoy en día no hay renovación posible, ya que la ley exige que los vocales estén respaldados por tres quintos de las cámaras.
El Gobierno avala una reforma porque cree que la renovación del CGPJ es una "urgente necesidad", en palabras de su portavoz, María Jesús Montero, pero ha decidido dejar el polémico proyecto en manos de los grupos parlamentarios y no poner su firma en él.
Montero ha reconocido que así la tramitación será más rápida, pero ha rechazado que se haya querido esquivar a los órganos consultivos: si el proyecto lo hubiera presentado el Gobierno, debería recibir el informe del Consejo de Estado y del propio CGPJ, aunque su opinión no sería vinculante.
El PP ha anunciado de inmediato que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea al considerar que el Ejecutivo quiere "el poder absoluto" e imponer una dictadura: "Cuando se está buscando anular el papel de la oposición, esas conductas son dictatoriales y se alejan de la buena calidad democrática", ha advertido su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.
También Vox ha anunciado que llevará al Constitucional una reforma en la que ve un "ataque directo a la democracia, al Estado y a las instituciones". "Se confirma la infamia", ha denunciado en el Congreso el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.
La reforma suscita recelos incluso en algunos de los socios de investidura del Ejecutivo, como Más País, que advierte que, aunque se trate de un órdago, "es un precedente peligroso a largo plazo" y apuesta por "trabajar para ensanchar los consensos, no para estrecharlos".
Desde la carrera judicial, tres de las cuatro asociaciones profesionales han arremetido duramente contra la propuesta, y sólo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha visto legítimo que el Ejecutivo busque alternativas al bloqueo del PP.
"Un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas", porque la reforma deja todo "al albur del Ejecutivo", que pasa a "manejar y manipular el poder judicial" desde su mayoría parlamentaria, ha denunciado la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)
La Asociación Francisco de Vitoria ha tachado la iniciativa de "atentado, despropósito y disparate", y Foro Judicial Independiente ha dudado incluso de su constitucionalidad. El Gobierno no duda de que la propuesta cuenta "con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo", ha señalado su portavoz tras el Consejo de Ministros, pero previsiblemente será el Constitucional el encargado de disipar las dudas, como ya le tocó hacer en 1986.