(El Economista, 15-04-2025) | Laboral
La implantación de las denominadas "altas progresivas" se ha convertido en uno de los principales objetivos del Ministerio de Seguridad Social para este año. Así lo manifestó la ministra Elma Saiz en enero, cuando presentó una serie de metas para 2025, asegurando que esta medida se implementaría antes de que finalice el año, aunque sin precisar una fecha exacta. La primera reunión con los agentes sociales tuvo lugar a finales de ese mismo mes, y en ella se adelantó que la norma se aplicaría a bajas de larga duración (superiores a 90 días) y a ciertas enfermedades específicas. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso aseguran que actualmente las negociaciones se encuentran paralizadas, ya que la propuesta del Ministerio no ha logrado el respaldo ni de sindicatos ni de empresarios.
Tanto representantes de los trabajadores como del sector empresarial han mostrado reservas respecto a la iniciativa. Las principales inquietudes giran en torno a los posibles riesgos laborales derivados de reincorporaciones prematuras (como la posibilidad de sufrir un accidente), los costes adicionales para las empresas por la reactivación de cotizaciones, las complicaciones organizativas que conllevaría una vuelta parcial al trabajo, y la posibilidad de que la medida derive en una reducción de los tiempos de baja o en presiones indebidas sobre los trabajadores para que se reincorporen antes de recuperarse completamente.
El Ministerio, como es habitual en estos procesos, ha evitado hacer declaraciones sobre las conversaciones en curso. No obstante, indican que se están llevando a cabo reuniones técnicas de manera habitual y que informarán cuando haya avances relevantes.
Desde que se planteó, la reforma de las altas progresivas ha sufrido modificaciones. En octubre, la ministra presentó inicialmente el concepto bajo el nombre de "bajas flexibles", que luego fue sustituido por el término actual. En enero, con el inicio del diálogo con los agentes sociales, Saiz señaló que la reincorporación se produciría únicamente después de que el trabajador recibiera el alta médica. Además, propuso incluir al Ministerio de Sanidad en la mesa de negociación, una propuesta que fue bien recibida por los sindicatos, al entender que garantizaría que el alta solo se emitiera cuando la recuperación fuera total.
Sin embargo, en la última reunión, la propuesta del Ministerio fue diferente a la planteada originalmente. Según las fuentes consultadas, se presentó una modalidad en la que el trabajador combinaría una parte de su salario con una parte de la prestación por incapacidad durante el retorno gradual al empleo. Además, se extendió el alcance de la medida a enfermedades mentales y afecciones cerebrovasculares. Este enfoque no fue bien recibido por ninguno de los interlocutores sociales, ya que implicaría que el trabajador seguiría técnicamente de baja en ese período de reincorporación parcial.
Tanto sindicatos como empresarios coinciden en que el único supuesto en el que podrían aceptar una reincorporación progresiva sería en casos muy concretos, como el de pacientes oncológicos que no estén en tratamiento activo, siempre bajo control médico y si la medida favorece la salud del trabajador. Pese a la falta de consenso actual, el Ministerio sigue inmerso en el proceso negociador, por lo que aún tiene margen para buscar apoyos.
Esta reforma llega en un momento en que el gasto por incapacidad temporal ha aumentado significativamente. Al cierre de 2024, la Seguridad Social destinó un 17% más en estas prestaciones en comparación con el año anterior, alcanzando los 16.487 millones de euros, cifra que supera en 4.800 millones lo inicialmente previsto. Sin embargo, los datos de febrero muestran una reducción del 8,15% respecto al mismo mes del año anterior, según el Resumen de Ejecución del Presupuesto publicado por el Ministerio.
Inicialmente, la propuesta de Saiz no implicaba un ahorro para el sistema, ya que la reincorporación se produciría tras el alta médica. Pero ahora, con el nuevo enfoque que contempla el cobro combinado de salario y prestación, sí podría representar una contención del gasto público.
Además, el aumento de las bajas laborales y del absentismo está generando preocupación entre los empresarios. Según datos de la Asociación de Mutuas (AMAT), en 2024 se produjeron 8,7 millones de procesos de baja por enfermedades o accidentes no laborales, lo que generó un coste conjunto (entre Estado y empresas) de casi 29.000 millones de euros. Por su parte, los sindicatos atribuyen el aumento del gasto en incapacidad temporal al envejecimiento de la población, que incrementa la incidencia y duración de las enfermedades, así como a las largas listas de espera en atención primaria y cirugías, lo que retrasa la recuperación de los pacientes.
Para tratar de aliviar la presión sobre el sistema sanitario, el Ministerio firmó un acuerdo con las mutuas para que realicen pruebas diagnósticas y de rehabilitación en casos de enfermedades traumatológicas. El objetivo es reducir los tiempos de espera en el sistema público, aunque la puesta en marcha de esta medida aún se retrasa por la falta de convenios firmados con las comunidades autónomas.