(El Economista, 24-02-2025) | Laboral
El envejecimiento de la plantilla en la Administración Pública se ha convertido en uno de los principales desafíos a los que deberá hacer frente en los próximos años. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Función Pública, ahora integrado en Transformación Digital, titulado Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2024 y proyección futura a 2034, se prevé que en una década el 54,86% de los empleados actuales, un total de 95.640 trabajadores se habrá jubilado. En respuesta a esta situación, Función Pública estima la incorporación de 107.754 nuevos empleados en los próximos diez años, de los cuales 84.533 serán funcionarios de carrera y 23.221 trabajadores con contratos fijos.
La falta de personal ya está generando tensiones en el sector público, siendo la Seguridad Social uno de los organismos más afectados. Según datos proporcionados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en 2025 podrían jubilarse 700 empleados dentro de este organismo, lo que agravaría aún más el déficit de trabajadores, que actualmente se sitúa en otros 700 puestos vacantes. Si no se toman medidas, la Tesorería de la Seguridad Social enfrentará un déficit total de 1.400 empleados.
El envejecimiento de la plantilla responsable de la gestión y administración de las pensiones ha llevado a que los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) convoquen paros parciales. Según adelantó El Confidencial y han confirmado otras fuentes, una parte de los trabajadores del INSS ha programado paros para los días 10 y 13 de marzo, aunque sin el respaldo de los sindicatos, ya que la convocatoria afecta a un grupo específico. Aproximadamente 200 empleados han decidido protestar por la sobrecarga de trabajo y la escasez de personal.
Aunque esta cifra representa solo una fracción del INSS, que cuenta con 13.000 trabajadores, los manifestantes ocupan cargos de alto nivel en la Administración, como secretarios y subdirectores (nivel 26). Estos profesionales desempeñan un papel clave en la gestión de las prestaciones económicas del Departamento, con excepción de aquellas que dependen de Migraciones, Servicios Sociales o las Comunidades Autónomas. En la práctica, son los encargados de coordinar los equipos que tramitan las pensiones de jubilación, los permisos de paternidad y las ayudas por incapacidad temporal, entre otras gestiones.
Fuentes del INSS explican que el principal problema radica en la falta de personal, lo que impide que los gestores puedan administrar adecuadamente las solicitudes. Aunque el déficit se intenta cubrir con trabajadores interinos, estos cuentan con contratos temporales, lo que genera una rotación constante y la necesidad de formar continuamente a los nuevos empleados. Además, aunque actualmente se están convocando oposiciones, estas llegan con retraso y el número de plazas ofertadas es insuficiente para cubrir las necesidades del organismo.
Frente a las reclamaciones del personal del INSS, el Ministerio de Seguridad Social afirma estar en contacto con los trabajadores para atender sus peticiones. Según el Departamento, se está realizando un "esfuerzo extraordinario y sostenido en el tiempo" para la incorporación de nuevos funcionarios, con el objetivo de aliviar la carga de trabajo y reforzar la plantilla.