(Expansión, 28-01-2025) | Laboral

El Ministerio ha iniciado las negociaciones con empresarios y sindicatos para abordar la reforma de la incapacidad temporal, centrando la atención en la posibilidad de implementar un sistema de "altas progresivas". Esta medida permitiría una reincorporación gradual de los trabajadores a sus puestos, siempre y cuando ya hayan recibido el alta médica. Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la progresividad se aplicaría únicamente a ciertas patologías y estaría limitada en el tiempo, dependiendo de la naturaleza de cada caso.

La negociación surge en un contexto marcado por el creciente coste de las bajas laborales, que desde 2019 se ha más que duplicado, alcanzando en 2024 los 15.600 millones de euros, según los datos presupuestarios de la Seguridad Social. Sin embargo, en la primera reunión con los agentes sociales, el Ministerio dejó claro que esta reforma no tiene como objetivo reducir el gasto en incapacidad temporal, una aclaración que busca calmar las tensiones surgidas entre los sindicatos. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz ya había manifestado su oposición a cualquier medida que pudiera perjudicar los derechos de los trabajadores.

El punto central de la propuesta es que la alta progresiva solo se planteará tras el alta médica oficial y siempre que el médico considere que beneficia al trabajador. "No se puede trabajar estando de baja", enfatizó Saiz, subrayando que el objetivo es avanzar en los derechos laborales, no acortar los tiempos de recuperación ni reducir costes de forma indirecta. Este enfoque ha generado el respaldo inicial de los sindicatos, aunque mantienen una postura vigilante para evitar que la medida derive en presiones indebidas sobre los trabajadores.

La reincorporación gradual estaría restringida a bajas de larga duración, es decir, aquellas superiores a 90 días, y su duración se ajustaría en función de la patología. Entre los casos que podrían ser elegibles, el Gobierno ha mencionado enfermedades oncológicas y accidentes cardiovasculares, y se prevé que en las próximas reuniones se incorpore el Ministerio de Sanidad para definir los criterios clínicos.

A pesar de las intenciones del Ejecutivo, los sindicatos han marcado una línea roja: no permitirán que esta medida se utilice para justificar recortes en los gastos de incapacidad temporal ni para acelerar injustificadamente los procesos de recuperación. Unai Sordo, secretario general de CCOO, afirmó que cualquier debate vinculado al ahorro en gasto público será rechazado. "Cuando alguien está de baja, está de baja, y el alta médica implica otra situación distinta", declaró, insistiendo en que el enfoque debe ser exclusivamente garantizar el bienestar de los trabajadores.

Sordo reconoció que, en ciertos casos, una reincorporación gradual puede ser beneficiosa si un médico lo considera necesario, pero reiteró que esto no puede ser confundido con una alta progresiva que obligue a trabajar a personas que aún no están completamente recuperadas. En este sentido, los sindicatos permanecen atentos para asegurar que cualquier regulación futura respete los derechos laborales y las condiciones de salud de los trabajadores.

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