(El Economista, 14-02-2025) | Fiscal
Sumar urge al PSOE a incluir en la ley de acompañamiento del proyecto de Presupuestos de 2025 la prestación universal por hijo de 200 euros mensuales. Mientras ambos socios de Gobierno continúan negociando contrarreloj, la formación liderada por Yolanda Díaz se ha visto obligada a reducir el alcance de su propuesta inicial. En un principio, la medida estaba dirigida a más de 7,7 millones de menores de 18 años, pero su elevado coste, estimado en 1.547 millones de euros al mes, llevó a Sumar a limitarla a los menores de seis años. Con este ajuste, los beneficiarios se reducirían a 2,68 millones y el gasto mensual se situaría en 536 millones de euros. "No es aceptable que España, siendo la cuarta mayor economía de la UE, mantenga niveles tan elevados de pobreza infantil", declaró la semana pasada Carlos Martín, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso.
La propuesta busca fusionar en una única prestación los actuales subsidios por hijo a cargo de la Seguridad Social, el complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la deducción fiscal por madre trabajadora. Sumar plantea que el pago de los 200 euros mensuales se haga a través de un ingreso directo a las familias o mediante una deducción en el IRPF, esta última opción considerada más viable al no computarse como gasto público, sino como una reducción en los ingresos fiscales. Este punto es clave, ya que la Comisión Europea vigilará de cerca la evolución del gasto en España si finalmente se decide no suspender el retorno de las reglas fiscales europeas.
Díaz aspira a que la prestación se ponga en marcha este mismo año, siempre que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consiga cerrar los Presupuestos y asegurar el respaldo parlamentario necesario para su aprobación. "Es una medida que permitirá a las familias mejorar su situación y garantizar un mejor futuro para los niños y niñas de nuestro país", subrayó recientemente la vicepresidenta segunda. Esta iniciativa complementa otra de las propuestas de Sumar: la "herencia universal", que consistía en un pago único de 20.000 euros a los jóvenes al cumplir 23 años. Para financiar esta ayuda, la formación planteaba un impuesto del 4% a las grandes fortunas, pero el Gobierno descartó la medida por la dificultad de su aplicación.
Además de esta prestación, Sumar insiste en incrementar el gasto en protección social para familias e infancia, con el objetivo de acercar la inversión de España a la media europea. "Nuestro país solo destina el 1,6% de su PIB a esta área, muy por debajo del 2,4% que invierten de media los países de la UE", denuncia la formación, que calcula que para cerrar esa brecha sería necesario aumentar el gasto anual en 12.600 millones de euros.
Sin embargo, las demandas de Sumar chocan con las limitaciones presupuestarias. El techo de gasto aprobado, de 195.353 millones de euros, deja a Montero un margen de 6.100 millones adicionales para negociar con los distintos grupos. Estas conversaciones, que llevan meses en marcha, serán clave para la aprobación de unas cuentas que aún acumulan retraso.
Por otro lado, Sumar continúa su ofensiva en materia de vivienda, exigiendo que las ayudas del Estado a las comunidades autónomas estén condicionadas a la aplicación de la Ley de Vivienda, especialmente en lo referente a la regulación de precios en zonas tensionadas. Esta es una cuestión en la que el ala socialista del Gobierno ha mostrado reticencias. "La ciudadanía tiene claro que los poderes públicos deben intervenir en el mercado de la vivienda, y aquellos partidos que no lo entiendan están dando la espalda a la sociedad", afirmó el martes Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar.
Asimismo, la formación de Yolanda Díaz quiere que los Presupuestos incluyan medidas fiscales que penalicen las viviendas de uso turístico. Entre ellas, propone elevar el IVA del sector al 21%, lo que, según sus cálculos, generaría unos ingresos adicionales de 300 millones de euros anuales para la Agencia Tributaria.