(El País, 23-12-2024) | Laboral
La administración pública ha reactivado los esfuerzos para garantizar la continuidad del modelo Muface, que ofrece atención médica privada a cerca de un millón y medio de funcionarios y sus familias. Tras el anuncio del Gobierno de incrementar un 33,5% el importe que perciben las aseguradoras por este servicio, se ha dado un nuevo paso con la publicación de los pliegos de condiciones en el Portal de Contratación del Estado. Este es el segundo intento de licitación, ya que el convenio inicial, publicado el pasado 5 de noviembre, quedó desierto porque las aseguradoras consideraron insuficiente el aumento propuesto. Ahora, las compañías tendrán hasta el 15 de enero para presentar sus ofertas.
El nuevo convenio, que tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, abarca un periodo de 33 meses. Durante el primer trimestre de 2025, las aseguradoras actuales (Adeslas, Asisa y DKV) seguirán prestando el servicio bajo una prórroga forzosa, aunque se les aplicará la nueva propuesta de incremento, que contempla una mejora del 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027.
El contrato tiene un presupuesto total de 4.478 millones de euros, lo que supone un aumento de 957 millones respecto al periodo anterior. La duración también se extiende de dos a tres años, distribuyendo los costos anuales en 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones en 2026 y 1.685 millones en 2027.
La prima por mutualista subirá un 33,5% a lo largo del periodo, casi el doble del 17,12% inicialmente propuesto por el Gobierno. De este modo, pasará de 1.032 euros actuales a 1.262 euros en 2027. Entre las novedades, destaca un cambio en el cálculo de la prima, que ahora será incremental según tramos de edad: se pagará más por asegurar a personas mayores y menos por las más jóvenes. Este modelo beneficia a 1,5 millones de personas, incluyendo titulares y beneficiarios, siendo el 65% docentes de distintos niveles educativos y el 17% funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado.
El futuro de Muface ha generado preocupación entre los empleados públicos, habituados a elegir cada año entre sanidad pública y privada. La retirada inicial de las tres aseguradoras principales en noviembre provocó movilizaciones de sindicatos representativos de profesores, policías, funcionarios de prisiones y personal de Hacienda y Aduanas, quienes presionaron al Ministerio de Función Pública y a las aseguradoras para alcanzar un acuerdo.
Además de la inquietud entre los mutualistas, la situación ha evidenciado tensiones dentro del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, liderado por Sumar, elaboró un informe que sugería integrar a los funcionarios de Muface en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el ala socialista del Ejecutivo ha rechazado esta posibilidad, defendiendo la continuidad del modelo actual.