(Expansión, 03-03-2025) | Laboral
El Gobierno espera resolver esta semana la crisis surgida en torno a la asistencia sanitaria de Muface, después de que Adeslas y Asisa hayan confirmado su adhesión a las nuevas condiciones establecidas para los próximos tres años, a la espera de que alguna otra aseguradora decida sumarse.
Cinco meses después de que la primera licitación quedara desierta, afectando a 1,5 millones de beneficiarios entre funcionarios y sus familiares, el plazo para que las aseguradoras formalicen su participación en el nuevo acuerdo finaliza este martes 4 de marzo. Las nuevas condiciones incluyen un aumento del 41,2 % en la prima media.
Inicialmente, en noviembre del año pasado, las aseguradoras rechazaron la primera licitación argumentando que las condiciones económicas les generarían pérdidas. Ante esta situación, el Ministerio de Función Pública llevó a cabo una consulta preliminar de mercado y posteriormente lanzó una segunda licitación, que fue revisada hasta alcanzar los 4.800 millones de euros para un período de tres años. Con estas modificaciones, Asisa y SegurCaixa Adeslas ya han confirmado su participación en el acuerdo, mientras que compañías como Axa o DKV aún evalúan su posible adhesión.
El listado definitivo de las aseguradoras que prestarán el servicio se conocerá esta semana, ya que la apertura de sobres está programada para el 5 de marzo. Este nuevo concierto tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027. En declaraciones recientes ante la comisión del Senado, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, transmitió un mensaje de tranquilidad a los mutualistas de Muface, asegurando que el proceso sigue en marcha y que varias aseguradoras ya han tomado decisiones al respecto. Además, recordó que la cobertura está garantizada gracias a la prórroga del actual concierto.
La situación ha reabierto el debate sobre la conveniencia de un sistema en el que el Estado cofinancia un seguro médico privado para los funcionarios. Dentro del propio Ejecutivo existen posturas encontradas: Sumar incluyó en su programa electoral la eliminación progresiva de este modelo, y el Ministerio de Sanidad publicó recientemente un informe en esa línea. Por su parte, el PSOE, a través del ministro Óscar López, ha señalado que es un debate que puede plantearse en el futuro, pero solo después de asegurar la estabilidad del sistema en los próximos tres años.
Mientras tanto, los sindicatos han defendido la continuidad del modelo y rechazan que se considere un "privilegio". CCOO y UGT han instado tanto al Gobierno como a las aseguradoras a realizar esfuerzos para garantizar su permanencia. En un tono más contundente, CSIF llegó a amenazar con una huelga si la licitación volvía a fracasar. Además, otros sindicatos del sector público (ANPE, Fedeca, SIAT, SPP, SUP, UFP, USIE y USO) han formado una plataforma conjunta para exigir la continuidad de este servicio.