(Expansión, 22-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La influencia de la sostenibilidad en las firmas de auditoría, especialmente en el contexto de las nuevas normativas que exigen mayor transparencia en información ambiental para grandes empresas, fue uno de los principales temas tratados en el XXVI Congreso Nacional de Auditoría. El evento reunió a más de 150 profesionales y un centenar de firmas que representan cerca del 90% de los ingresos del sector.
Durante el congreso, se presentaron los hallazgos del Observatorio de la Información sobre Sostenibilidad del Sector Público. Esta herramienta evalúa cuántas entidades públicas, ya sea por su tamaño o número de empleados, cumplirían los criterios aplicados a las empresas privadas según la directiva de sostenibilidad. Aunque más de 500 entidades deberían publicar y verificar información sobre sostenibilidad, actualmente no están obligadas por ley. "No existe una normativa que exija al sector público lo mismo que al privado, aunque se están dando pasos", afirmó Pere Ruiz, presidente de la comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Añadió: "El sector público demanda mucho al privado, pero ¿qué están haciendo ellos?".
Para abordar esta cuestión, el observatorio ha desarrollado una herramienta interactiva accesible en su página web, que identifica a las entidades públicas no mercantiles que podrían estar sujetas a estos requerimientos. De las 311 entidades públicas evaluadas a nivel nacional, el 33,76% (105) deberían presentar información de sostenibilidad. Este porcentaje desciende al 18,7% (210 de 1.123) en el ámbito autonómico.
Por su parte, las grandes empresas privadas esperan que antes de que termine el año España apruebe la trasposición de la Directiva Europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Esta normativa busca equiparar, con el tiempo, la presentación de información sobre sostenibilidad con la financiera, asegurando datos comparables y fiables.
"Es seguro que se aprobará. El proyecto de ley se envió a las Cortes el 29 de octubre, y el plazo de enmiendas finaliza el próximo lunes", explicó Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Durán recordó que la fecha límite para la trasposición era julio y que, aunque España ya ha incumplido el plazo, sería preferible no incumplir también el contenido. La directiva será aplicable desde 2024 para empresas de interés público con más de 500 empleados.
Víctor Alió, en su debut como presidente del ICJCE, destacó el crecimiento del sector en la última década: "Las firmas de auditoría han incrementado su facturación un 74% y el número de profesionales ha crecido un 80%. Muy pocos sectores maduros pueden presentar estas cifras". Además, señaló que la sostenibilidad, la gestión del talento y la adaptación tecnológica son los principales desafíos a medio plazo para el sector.