(Expansión, 07-03-2025) | Fiscal
El Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, impulsado por el Gobierno, ha generado un gran impacto en la fiscalidad patrimonial en España. Como respuesta, varias comunidades que habían dejado de aplicar el Impuesto sobre el Patrimonio han optado por reactivarlo o modificarlo con el objetivo de retener para sí la recaudación que Hacienda pretende captar. Al mismo tiempo, las regiones continúan ampliando año tras año las bonificaciones y reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al menos mientras el Gobierno central no imponga un tributo estatal similar que les obligue a aplicarlo.
"El Impuesto sobre las Grandes Fortunas apenas generará ingresos porque todas las comunidades han reaccionado adoptando medidas", explica Raquel Jurado, del gabinete de estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), destacando que Extremadura es la única región que no ha tomado acciones en este sentido.
Cabe recordar que el Gobierno creó este impuesto tras la decisión de comunidades como Madrid y Andalucía de bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio. Para contrarrestar estas bonificaciones, Hacienda estableció un tributo estatal en el que se permite deducir lo ya pagado en Patrimonio, asegurando así que las grandes fortunas contribuyan, ya sea a nivel autonómico o, en su defecto, directamente a la Administración central a través del nuevo impuesto.
Ante este escenario, Madrid decidió restablecer el cobro del Impuesto sobre el Patrimonio tras 15 años sin aplicarlo, con el objetivo de mantener la recaudación en la comunidad. Por su parte, Andalucía, que inicialmente permitió a los contribuyentes elegir a qué Administración pagar, también ha optado este año por recuperar plenamente el tributo para no perder ingresos. Un camino similar ha seguido Galicia y La Rioja, que han ajustado sus bonificaciones para asegurar la recaudación del impuesto. Extremadura, en cambio, ha optado por bonificar al 100% el Patrimonio, dejando la recaudación en manos del Estado, dado que su impacto en la comunidad es limitado (apenas 7 millones de euros anuales).
Por otro lado, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura han establecido mínimos exentos inferiores a los del impuesto estatal, mientras que Baleares los ha elevado. Solo ocho comunidades aplican actualmente la misma tarifa que la establecida a nivel estatal para el Impuesto sobre el Patrimonio.
En este contexto, el economista Ángel Sáez ha recordado que, tras la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio en 2014, su posterior reactivación, prórroga y conversión en permanente desde 2021 a través de reales decretos o Presupuestos Generales del Estado ha sido objeto de impugnaciones. Está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, lo que podría poner en duda la validez de las liquidaciones realizadas en los últimos años, así como la deducción del tributo en el Impuesto sobre las Grandes Fortunas. "Ninguna ley ordinaria ha restablecido oficialmente este impuesto", afirmó Sáez, añadiendo que "no puede desaparecer lo que nunca ha nacido".
Mientras tanto, el REAF señala que se mantiene la tendencia de reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones mediante mayores bonificaciones y reducciones por parentesco. En particular, varias comunidades han mejorado las condiciones para herencias entre padres e hijos, así como para transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos. Ante la posibilidad de que el Gobierno busque unificar su aplicación a nivel nacional, el REAF propone establecer una horquilla común de máximos y mínimos para garantizar una mayor coherencia en su tributación.