(Expansión, 09-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Pocos días después del anuncio de Pedro Sánchez sobre su plan para hacer frente al impacto de los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley con el objetivo de mitigar sus efectos sobre las empresas más afectadas y sus empleados. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, calificó la situación como el mayor golpe comercial del último siglo, destacando que el arancel uniforme del 20% aplicado por Estados Unidos a los productos de la Unión Europea afectará a cerca del 80% de las exportaciones españolas a ese país, lo que representa alrededor de 14.500 millones de euros de los 18.179 millones exportados en el año anterior.
El impacto se concentra especialmente en unas 500 empresas, responsables de tres cuartas partes de las exportaciones a Estados Unidos, aunque también se prevén efectos colaterales debido a la fuerte dependencia de algunos países europeos del mercado estadounidense, como Alemania, que exportó bienes por valor de 161.000 millones de euros en 2024. A esto se suma la posición de España como segundo mayor productor de automóviles en Europa, con una industria vulnerable al deterioro económico provocado por esta nueva guerra comercial.
Para hacer frente a esta situación, el Ejecutivo ha puesto en marcha un conjunto de medidas bajo el nombre de Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, que contempla movilizar hasta 14.320 millones de euros, en su mayoría a través de mecanismos financieros como avales y créditos gestionados por el ICO, además de ayudas directas.
En la primera fase del plan, se activaron 7.720 millones de euros, destacando una línea de avales de 5.000 millones para proporcionar liquidez a las empresas exportadoras e importadoras afectadas, y otra línea adicional de financiación por 1.000 millones destinada a cubrir necesidades de capital circulante o inversiones.
Además, se incrementó el límite de cobertura de Cesce de 9.000 a 15.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar 2.000 millones en seguros de crédito a la exportación. También se reactivó el uso del instrumento CARI, que protege a las empresas frente a los riesgos derivados de las variaciones en los tipos de interés.
El Fondo para la Internacionalización de la Empresa fue reforzado hasta alcanzar los 720 millones de euros, con el objetivo de apoyar proyectos de exportación e inversión exterior de las compañías afectadas por los aranceles.
Del total previsto, 7.620 millones serán nuevos recursos, mientras que los 6.700 millones restantes se reasignarán desde otros instrumentos financieros ya existentes, como el Plan de Recuperación europeo, el programa ICO-Empresas, el Fondo de Coinversión y el Fondo de Resiliencia Autonómica. También se incorporan recursos del Plan Moves III, que dispone de 400 millones para fomentar la movilidad eléctrica, y el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, con 200 millones para financiar proyectos de modernización o instalación industrial.
El Icex diseñará un programa específico de apoyo para las 500 empresas que concentran el grueso de las exportaciones a Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer su posición en ese mercado y facilitar su entrada en otros destinos.
El plan contempla además la activación del Mecanismo RED, un sistema heredado de los ERTE, que permitirá a las empresas más perjudicadas mantener sus plantillas. El acceso a las ayudas estará condicionado a que no se produzcan despidos ni deslocalizaciones.
Por último, se ha acordado una prórroga de la moratoria contable hasta finales de este año, para evitar que las pérdidas derivadas de la guerra arancelaria se consideren causa de disolución empresarial. Esta medida, según el ministro, busca proteger a las compañías que aún no han logrado una recuperación plena tras crisis previas.