(La Vanguardia, 25-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El PSOE tiene previsto presentar una enmienda a la ley de propiedad horizontal para permitir que los propietarios puedan vetar la creación de nuevos alojamientos turísticos o aquellos que no estén registrados, siempre que se obtenga una mayoría de tres quintos. Hoy se debate en el Congreso la modificación de esta ley, con el objetivo de que las comunidades de vecinos puedan prohibir la instalación de viviendas de alquiler turístico en su edificio. Esta enmienda, anticipada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, requerirá que estas actividades obtengan la autorización previa de la junta de vecinos, manteniendo la mayoría de tres quintos.
Actualmente, la normativa solo permite que las juntas de vecinos prohíban la operación de un piso turístico si se generan molestias para los demás inquilinos, pudiendo revocar la autorización con una mayoría de tres quintos. La enmienda propuesta busca que esta autorización sea necesaria antes de la instalación del piso turístico. El Gobierno también destaca la necesidad de que la ley de propiedad horizontal considere a los pisos turísticos como una actividad económica, aplicándoles los mismos criterios fiscales, incluyendo el IVA.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha anunciado la creación de un mapa de viviendas para combatir el fraude y ha descrito esta modificación de la ley de propiedad horizontal como un "ajuste quirúrgico". Ha solicitado la colaboración de todas las administraciones públicas para asegurar el derecho de acceso a una vivienda y ha subrayado que el aumento descontrolado de las viviendas de alquiler turístico está reduciendo la disponibilidad de arrendamientos tradicionales, alejando a vecinos y trabajadores de los centros urbanos.
La ministra también ha expresado su apoyo a la prohibición de los pisos turísticos cuando sea necesario, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, y ha instado a la plataforma Airbnb a colaborar con el Gobierno y las administraciones públicas en la implementación del reglamento europeo para aportar transparencia y ayudar a combatir el fraude.
Airbnb ha defendido que la actividad de sus usuarios y el gasto de los clientes en los destinos españoles están impulsando la economía y ayudando a mantener 130.000 empleos. Según la compañía, el impacto económico directo, indirecto e inducido de sus viajes en 2023 fue de 8.500 millones de euros, generando ingresos de 3.600 millones para las arcas públicas.
Airbnb afirma que compartir el propio hogar, una casa de vacaciones, la casa familiar del pueblo o una vivienda de alquiler de corta duración genera un beneficio neto positivo para las comunidades locales en España. La empresa destaca que muchos de sus alojamientos se encuentran en áreas sin oferta de alojamiento tradicional, por lo que los ingresos benefician directamente a los residentes de esas localidades.