(El Periódico, 08-04-2025) | Fiscal
El Gobierno y las principales empresas eléctricas están manteniendo conversaciones directas para evaluar la posibilidad de retrasar el cierre de las centrales nucleares en el país. Las compañías propietarias de los reactores, como Iberdrola y Endesa (los principales operadores), así como Naturgy y EDP (con participaciones menores en algunas plantas), buscan reordenar el calendario acordado para el cierre de estas instalaciones. El caso más urgente es la central de Almaraz, cuya clausura está prevista para 2027 y 2028, y las compañías pretenden extender este plazo. Posteriormente, se revisarían las fechas de cierre de las demás centrales nucleares, alargando su vida útil por años adicionales.
Las grandes eléctricas están trabajando en una propuesta conjunta para revisar los plazos de cierre y están considerando solicitar una "miniprórroga" de tres años para la central de Almaraz, lo que permitiría su funcionamiento hasta al menos 2030. Esta extensión podría desencadenar una revisión de los plazos de cierre de otras plantas nucleares, con posibles prórrogas de entre dos y tres años.
Iberdrola, Endesa y Naturgy han argumentado públicamente la necesidad de mantener en operación el parque nuclear por más tiempo, con el objetivo de garantizar la estabilidad del suministro eléctrico en el país, dada la insuficiente capacidad de las grandes baterías y otras formas de almacenamiento, que aún no permiten asegurar la firmeza del sistema frente a la producción variable de las plantas renovables. No obstante, las compañías condicionan la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares a una reducción de los impuestos y tasas que deben pagar, tanto a nivel estatal como autonómico, para garantizar la rentabilidad de las plantas.
Para las eléctricas, la rebaja fiscal es una condición indispensable. Aseguran que, sin una revisión favorable de la fiscalidad que soportan las centrales nucleares, la ampliación de su vida útil sería inviable. Fuentes del sector eléctrico explican que la clave para que las plantas continúen operando no son solo los plazos de cierre, sino los cambios fiscales necesarios para garantizar su viabilidad económica. El sector ha señalado que la electricidad producida por las nucleares paga más de 28 euros por megavatio hora (MWh) debido a impuestos, tasas autonómicas y otros costes, lo que eleva el pago anual a más de 1.500 millones de euros, lo que consideran insostenible a largo plazo.
Las empresas eléctricas están trabajando en una propuesta conjunta para solicitar al Gobierno una extensión urgente de la licencia de la central de Almaraz hasta 2030 y una reorganización de los plazos de cierre de las demás plantas nucleares para evitar que se produzca un apagón nuclear total. Esta propuesta también incluye la solicitud de una rebaja de impuestos y tasas necesarias para asegurar la viabilidad económica de las centrales.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado un aumento del 30% en la tasa que las centrales nucleares deben pagar para cubrir los costes de gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas. Este aumento elevó la tasa a 10,36 euros por megavatio hora de electricidad producida, lo que implica pagos anuales de alrededor de 585 millones de euros, un incremento de 135 millones respecto a lo que se pagaba antes. Ante esta subida, las grandes eléctricas han recurrido al Tribunal Supremo para impugnar la subida de la conocida como 'tasa Enresa'.
Si se llegara a un acuerdo para prolongar la vida útil de las centrales nucleares, esta extensión implicaría una reducción automática de la tasa Enresa. Al prolongarse el funcionamiento de las plantas, se produciría más electricidad que alimentaría el fondo destinado al desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos radiactivos, lo que permitiría reducir la tasa que deben pagar las compañías por cada megavatio hora producido.
Además de la reducción de la tasa Enresa, las eléctricas exigen una reforma integral de la fiscalidad del sector, pidiendo una rebaja significativa de los impuestos específicos que deben abonar, que suman unos 950 millones de euros anuales (alrededor de 18 euros por MWh producido). Las nucleares también han solicitado al Gobierno y a las comunidades autónomas la eliminación de algunos de estos tributos especiales que gravan su actividad.