(El Economista, 10-10-2024) | Laboral
Las empresas con más de 50 empleados estarán obligadas a tener un plan de igualdad laboral y medidas contra el acoso y la violencia hacia el colectivo LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) antes del 10 de abril de 2025, según establece el Real Decreto publicado este miércoles en el BOE, que entra en vigor este jueves.
Aquellas empresas que cuenten con un convenio colectivo o empresarial y tengan representación sindical deberán formar una comisión negociadora en un plazo de tres meses, es decir, antes del 10 de enero de 2025. Si no se llega a un acuerdo en los siguientes tres meses, la empresa deberá implementar el plan de manera unilateral, siguiendo las directrices del anexo del Real Decreto.
Por su parte, las compañías sin representación sindical interna deberán recurrir a los sindicatos más representativos del sector y tendrán seis meses para constituir la comisión negociadora. Si en tres meses no se llega a un consenso, las medidas se aprobarán de forma unilateral. Además, si los sindicatos no responden en un plazo de 20 días hábiles, la empresa podrá proceder a aprobar las medidas por su cuenta.
Según Almudena Batista y Elisabet Calzada, socias de Cuatrecasas, la norma busca agilizar la negociación y evitar bloqueos injustificados. Si, tras tres meses desde la constitución de la comisión negociadora, no se alcanza un acuerdo, la empresa podrá aprobar provisionalmente el Plan LGTBI siguiendo las pautas del Reglamento.
El objetivo del legislador es evitar los problemas que surgieron durante la implementación de los planes de igualdad, obligatorios desde marzo de 2022 y cuya falta de cumplimiento puede acarrear multas de hasta 7.500 euros, debido a la ausencia de acuerdos o la dificultad de contactar con los sindicatos representativos.
Los planes LGTBI deberán incluir cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, medidas para fomentar la contratación y el desarrollo profesional del colectivo, así como formación para sensibilizar a los empleados sobre el uso de un lenguaje adecuado y respetuoso. Además, deberán garantizar permisos y beneficios sociales, reconocer la diversidad de modelos familiares y establecer un régimen de sanciones para conductas que vulneren la libertad sexual, la orientación o la expresión de género. También será obligatorio implementar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso y la violencia.