(El País, 11-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno de coalición logró este martes un acuerdo de última hora para avanzar con la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Tras intensas negociaciones iniciadas el lunes por la tarde, el PSOE y Sumar alcanzaron un consenso sobre una medida crucial que exige a las empresas devolver íntegramente las ayudas públicas recibidas, incluidos los ERTE, si optan por deslocalizar su producción fuera de la zona euro. Esta penalización busca proteger el empleo y preservar las inversiones realizadas en España.
La normativa establece que las empresas que planeen cesar su actividad industrial deberán notificarlo al Gobierno con al menos nueve meses de antelación. Además, aquellas que hayan recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros estarán obligadas a reembolsarlas si reducen más del 65% de su producción o recortan 500 empleos o más en un plazo de tres años para pymes y cinco años para grandes empresas.
Desde Sumar subrayan dos medidas fundamentales que dificultan la deslocalización industrial. La primera obliga a devolver el 100% de las ayudas públicas, incluyendo ERTE y el mecanismo RED, a las empresas que trasladen su producción fuera del Espacio Económico Europeo antes de cumplir el periodo pactado. Este umbral inicial, que era de seis millones de euros, se redujo a tres millones para reforzar la medida.
La segunda medida prohíbe que una deslocalización sea utilizada como justificación para despidos, modificaciones sustanciales de las condiciones laborales o la desvinculación de convenios, tanto individuales como colectivos. Según Sumar, esto impedirá que fondos de inversión especulativos, que deslocalizan empresas tras recibir ayudas públicas, se beneficien de las medidas de flexibilidad laboral previstas en la legislación española.
La formación liderada por Yolanda Díaz defiende que este principio de condicionalidad es clave para preservar empleos y garantizar un uso responsable de los recursos públicos. Como ejemplo, citan el caso de Saint-Gobain, que cerró su planta de parabrisas en Avilés (Asturias), dejando a 160 empleados sin trabajo.
Sumar también celebra que el principio de condicionalidad se haya incorporado como eje central de la política industrial, condicionando la colaboración público-privada a criterios como el mantenimiento del empleo y la sostenibilidad medioambiental. Además, la ley prioriza la transición ecológica, aprovechando el potencial de las energías renovables para impulsar la reindustrialización y fortalecer la cohesión territorial.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este proyecto de ley, cuyo borrador inicial fue presentado a finales de 2022 por la exministra de Industria, Reyes Maroto. El actual titular, Jordi Hereu, destaca que se trata de una normativa "histórica" elaborada en colaboración con los agentes sociales, y que sustituirá a la legislación vigente desde 1992, convirtiéndose en la primera ley sectorial del siglo XXI.
La ley también introduce los proyectos industriales estratégicos, que deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: representar una inversión significativa, formar parte de un Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), ofrecer una ventaja competitiva para el país, o abordar problemas de desindustrialización. Asimismo, propone que los Perte se conviertan en un elemento estructural de apoyo a la industria en lugar de un mecanismo temporal.
Por último, la normativa crea la "Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica", que establecerá las líneas generales de la política industrial para los próximos seis años. Esta estrategia incluirá dos planes estatales de tres años cada uno, con medidas y recursos concretos para apoyar al sector. Además, se crea un consejo estatal de política industrial, que funcionará como órgano consultivo para coordinar las acciones entre los distintos ministerios.