(El País, 10-03-2025) | Fiscal
Las empresas han comenzado a aplicar las retenciones correspondientes en las nóminas de los trabajadores que perciben el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), cuya actualización fue aprobada por el Gobierno a mediados de febrero. Con carácter retroactivo para todo 2025, el salario mínimo legal se ha fijado en 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 1.184 euros mensuales. Esto representa un incremento bruto de 700 euros al año respecto al mínimo anterior.
Sin embargo, a diferencia de aumentos previos, esta subida no ha ido acompañada de una actualización del umbral exento de tributación en el IRPF. Como consecuencia, algunos de los trabajadores beneficiados por la mejora del SMI han comenzado a tributar por primera vez a través de las retenciones, es decir, los pagos anticipados que el empleador descuenta del salario y remite a Hacienda. "Las nuevas retenciones ya están reflejándose en las nóminas", confirman diversas fuentes del sector.
Los empleadores actúan como intermediarios entre los trabajadores y la Agencia Tributaria, por lo que están obligados a retener IRPF a partir de un umbral que actualmente es de 15.876 euros, correspondiente al antiguo SMI. De este modo, las empresas aseguran el pago progresivo y periódico del impuesto sobre la renta. En el caso de grandes compañías, las retenciones se realizan mensualmente, mientras que en pequeñas y medianas empresas se aplican de forma trimestral. Este mecanismo, establecido por la ley del IRPF, permite que Hacienda recaude fondos de manera anticipada y evita que los contribuyentes deban afrontar pagos elevados en su declaración anual.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, señala que la mayoría de las empresas han comenzado a aplicar estas retenciones en marzo. En febrero, debido al escaso margen tras la publicación del nuevo SMI en el Boletín Oficial del Estado, algunas no pudieron ajustar a tiempo sus sistemas de nóminas.
"En teoría, las modificaciones deben implementarse de inmediato tras la entrada en vigor del nuevo SMI, pero existe un margen de adaptación para que las empresas puedan realizar los ajustes necesarios", explica Santiago Ollero. Una consultora especializada en gestión de nóminas confirma esta situación: "Nosotros empezamos a aplicarlas en marzo porque trabajamos con muchas pymes, y realizar los cambios de inmediato era más complejo". Isabel Briz Tomey, consultora laboral, fiscal y legal en SD Worx Spain, añade que en su empresa, especializada en gestión de recursos humanos, el ajuste comenzó en febrero.
El último aumento del SMI, que ha crecido un 61% entre 2018 y 2025, ha beneficiado a unos 2,5 millones de trabajadores en España. No obstante, la mayoría de ellos pueden acogerse a las deducciones fiscales por circunstancias personales y familiares, por lo que solo un 20% de los afectados por la retención -aproximadamente 540.000 contribuyentes sin hijos y solteros- han empezado a tributar. En estos casos, el pago del IRPF se aplica sobre los 700 euros que exceden el umbral exento, con una retención anual de 300 euros, lo que se traduce en una reducción de unos 21 euros en cada una de las 14 pagas.
Los gestores administrativos explican que, dado que el nuevo SMI tiene efecto retroactivo desde enero, las retenciones aplicadas desde marzo deben ajustarse para compensar la falta de deducciones en los dos primeros meses del año. "Por ello, es normal que las cantidades retenidas en este momento sean algo mayores de lo que correspondería en condiciones normales", señala Santiago Ollero. En la misma línea, Briz Tomey destaca que las retenciones se calculan considerando los ingresos anuales estimados, lo que obliga a regularizar tanto las retribuciones como los descuentos aplicados.
El incremento del SMI fue aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero y publicado en el BOE para su inmediata entrada en vigor. No obstante, la decisión generó tensiones dentro del Gobierno de coalición. Mientras que Sumar aboga por actualizar el umbral exento del IRPF para evitar que los trabajadores con el salario mínimo tengan que tributar, el PSOE sostiene que ya es momento de que estos contribuyentes empiecen a pagar impuestos. Desde el Ministerio de Hacienda argumentan que no se trata de aumentar la recaudación, sino de evitar una reducción de ingresos. Según sus cálculos, ajustar el IRPF al nuevo SMI supondría una pérdida de recaudación de entre 1.700 y 2.000 millones de euros, ya que sería necesario modificar los tramos del impuesto para evitar desigualdades entre distintos niveles de renta.
Sumar y otros grupos de izquierda sostienen que la justicia fiscal debe centrarse en las rentas más altas y han propuesto eximir del IRPF a los perceptores del SMI. De hecho, Sumar, Podemos y el PP han presentado iniciativas legislativas en el Congreso con este objetivo. El líder de la oposición incluso ha amenazado con apoyar a Sumar y sus aliados para frenar la postura del PSOE. Aunque la tensión en el Gobierno ha disminuido en las últimas semanas, por ahora no hay negociaciones activas para modificar esta medida.
Si finalmente se decide eximir del IRPF a los trabajadores con SMI, ¿qué pasaría con las retenciones ya practicadas? Según los gestores administrativos, en ese caso los afectados podrían recuperar lo retenido presentando la declaración de la renta en 2026, ya que actualmente no están obligados a hacerlo si tienen un solo pagador y ganan menos de 22.000 euros anuales. Otras fuentes sugieren que las empresas podrían ajustar las próximas nóminas para compensar las retenciones previas. También se baraja la posibilidad de que Hacienda realice devoluciones directas o que se efectúe un ajuste en las nóminas futuras para corregir lo ya descontado.