(Expansión, 21-11-2024) | Fiscal
La posibilidad de que el Gobierno mantenga el impuesto a las grandes compañías energéticas, conocido como "impuestazo", ha desatado una reacción sin precedentes en el sector. A pesar de que hace unos días parecía improbable, las principales energéticas, agrupadas en la asociación Enerclub, han tomado una postura conjunta y emitido un comunicado en el que alertan que, de persistir este gravamen, se paralizarán inversiones de 30.000 millones de euros en España.
Enerclub, que agrupa a las cinco mayores empresas energéticas del país (Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa y Moeve), además de otras como EDP, TotalEnergies y Acciona Energía, también incluye a entidades estatales como Adif y Red Eléctrica, dado su elevado consumo de electricidad y su papel en la gestión de infraestructuras clave. Además, participan otras compañías nacionales e internacionales como Vitol, Viscofan, Vinci, Redexis, Samca, RWE, Alcoa y Alpic. Esta acción conjunta refleja la magnitud de la preocupación en el sector ante la posible extensión de un impuesto que, inicialmente, se planteó como temporal.
El "impuestazo", que también afecta a los bancos, fue introducido por el Gobierno con el objetivo de reducir lo que consideraba beneficios extraordinarios derivados del aumento de los precios de la energía y los tipos de interés. Para las energéticas, este gravamen se aplica a las empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros anuales y equivale al 1,2% de sus ventas. Originalmente, estaba previsto que tuviera vigencia hasta diciembre de este año.
Entre las empresas más afectadas, Repsol lidera con pagos de 443 millones de euros en 2022 y 350 millones en 2023. Iberdrola abonó 216 millones por el ejercicio de 2022 y 160 millones por el de 2023, mientras que Endesa pagó 208 millones en 2022 y 202 millones en 2023.
La incertidumbre generada en los últimos días se debe al cambio constante en la posición del Gobierno, que en apenas cuatro semanas ha modificado su postura en varias ocasiones. Inicialmente, el pasado 30 de octubre, el Ejecutivo acordó con Junts y PNV eliminar el impuesto. Sin embargo, un acuerdo posterior con ERC, EH Bildu y BNG buscó mantenerlo.
Hoy, el Congreso decidirá el futuro de este gravamen. Desde Enerclub se ha destacado la necesidad de garantizar un entorno estable que promueva la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria y fiscal, elementos esenciales para concretar los 308.000 millones de euros en inversiones previstas para la transición energética en España, de los cuales un 82% deberá ser aportado por el sector privado.
La asociación advierte que prolongar o añadir nuevas cargas fiscales sobre el sector energético pondrá en riesgo la realización de inversiones necesarias, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como la viabilidad económica y financiera de los proyectos relacionados con la transición energética.