(El País, 16-12-2024) | Laboral
Las pensiones contributivas aumentarán como mínimo un 2,8% el próximo año, según el dato definitivo de inflación de noviembre, que se situó en un 2,4%, seis décimas más que en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje se utiliza para calcular la revalorización de las pensiones de 2025, siguiendo la fórmula de la reforma de 2021, que toma como referencia la inflación media de los 12 meses previos a noviembre, es decir, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.
El INE ya había avanzado esta cifra el 28 de noviembre, y el dato definitivo no ha variado. Con este 2,8% confirmado, las pensiones contributivas tendrán dicho aumento, aunque está pendiente que el Ministerio de Seguridad Social publique los incrementos para las pensiones mínimas y no contributivas, que suelen experimentar subidas mayores.
Este incremento del 2,8% representará un aumento anual cercano a 600 euros para quienes reciben una pensión media de jubilación y unos 500 euros para las pensiones promedio del sistema. Esta medida beneficiará a alrededor de 9,3 millones de personas que perciben un total de 10,3 millones de pensiones contributivas, así como a las 720.148 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se ajustarán con el mismo porcentaje.
Además, quienes perciban pensiones mínimas o no contributivas recibirán previsiblemente un incremento superior, siguiendo lo establecido en la reforma de 2023 y en la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que aboga por que las prestaciones más bajas crezcan en mayor proporción. En 2024, por ejemplo, las pensiones generales subieron un 3,8%, mientras que las mínimas y no contributivas aumentaron un 6,9%.
Por tercer año consecutivo, las pensiones se revalorizarán conforme a la evolución de los precios para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. En años anteriores, los ajustes fueron del 2,5% en 2022, un 8,5% en 2023, y un 3,8% en 2024. Aunque la Seguridad Social aún no ha publicado el coste exacto de esta medida, se estima que la subida del 2,8% tendrá un impacto cercano a los 6.000 millones de euros. A esta cifra se añadirán los mayores aumentos de las pensiones mínimas y no contributivas. En 2024, el coste de la revalorización fue de 7.300 millones para las contributivas y superó los 8.000 millones al incluir las mínimas y no contributivas.
El IPC en noviembre subió un 0,2% respecto al mes anterior, elevando la tasa interanual al 2,4%, impulsado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. En concreto, el grupo de vivienda incrementó su tasa anual al 7,4% debido al mayor coste de la electricidad, mientras que el transporte subió al -1% por el encarecimiento de los carburantes. Por su parte, los precios de los alimentos registraron un aumento interanual del 1,7%, la cifra más baja desde octubre de 2021.
Este ajuste también determinará el aumento de la pensión máxima, que pasará de 3.174 euros mensuales (en 14 pagas) a cerca de 3.300 euros, y la base máxima de cotización, que subirá a 5.000 euros al mes (60.000 euros anuales). Además, en 2025 seguirán aplicándose las reformas del sistema de pensiones, incluyendo la ampliación progresiva de la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027 y el endurecimiento de las condiciones para acceder al 100% de la pensión.
En 2025, la edad legal de jubilación será de 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, mientras que quienes superen este tiempo podrán jubilarse a los 65 años. El requisito mínimo de 15 años de cotización se mantendrá, con al menos dos años dentro de los 15 previos a la jubilación para acceder a una pensión pública. Con este periodo se tendrá derecho al 50% de la base reguladora, mientras que para el 100% serán necesarios 36 años y 6 meses cotizados, como en 2024. A partir de 2027, se requerirán 37 años para el acceso pleno.
Por otro lado, el cálculo de la base reguladora continuará considerándose sobre los últimos 25 años de cotización. A partir de 2026, entrará en vigor un sistema progresivo que permitirá elegir entre dos opciones: los últimos 25 años o 29 años descontando los dos peores, buscando favorecer al trabajador.