(El Confidencial, 09-04-2025) | Laboral
Mientras los ojos del mundo miran a Estados Unidos, hay problemas domésticos que siguen a la espera de atención. Uno de los frentes que el Gobierno no ha conseguido sofocar es el colapso de la Seguridad Social, donde los directivos provinciales siguen con las huelgas tres días a la semana. Estos parones, motivados por la escasez de personal y la necesaria reestructuración de la entidad pública, se producen con 97.000 pensionistas a la espera de recibir atención, como afirman fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En estos momentos, hay más de 42.000 expedientes de revisiones de pensiones por resolver, la mayoría por solicitudes de agravación de enfermedad y de jubilación. A esta cifra hay que añadir los 37.000 expedientes de reclamaciones previas de pensiones pendientes de respuesta, así como las más de 18.000 solicitudes de información sobre futura pensión que se encuentran pendientes de resolver. Denuncian que el Ministerio de la Seguridad Social, a cuyo frente se encuentra Elma Saiz, sigue sin dar respuesta a la "extenuante situación a la que se ven sometidas unas plantillas mermadas, envejecidas y sobrecargadas". Según ha podido confirmar este periódico, los subdirectores y secretarios provinciales emitieron un comunicado el pasado martes a la ministra responsable de la institución, Elma Saiz, sin haber recibido respuesta. Su silencio se suma al del secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, que solo ha mantenido un encuentro con el colectivo en casi dos años.
Este personal se enfrenta a una avalancha de trabajo sin los recursos humanos necesarios, y que inciden en que los interinos que se han incorporado no cuentan con la suficiente formación y tampoco cubren las jubilaciones esperadas. A esta plantilla se le ha asignado la gestión de nuevas prestaciones "como el ingreso mínimo vital", una prestación a la que se suman nuevos complementos de las pensiones como el de la "maternidad para varones, cambios en los modelos de jubilación y el derecho a la información de los ciudadanos sobre su futura pensión, la llegada a la edad legal de la jubilación de la generación del baby boom, el imparable descontrol de las situaciones de incapacidad temporal" y así hasta un largo etc.
La prueba de que el colapso de la Seguridad Social sigue in crescendo lo demuestran distintas cifras. Hay más de 82.000 expedientes de incapacidad permanente pendientes de resolver, lo que supone un aumento del 50% respecto a 2023. En cuanto a las bajas médicas, hay 133.000 trabajadores con más de 365 días, un 80% más que hace un año. En el mismo porcentaje se han incrementado los trabajadores con bajas médicas de más de 730 días (7.500). Más de 45.000 trabajadores se encuentran con bajas médicas de más de 45 días, plazo máximo legal previsto y otro incremento del 30% en solo un año.
Respecto al ingreso mínimo vital (IMV), hay más de cien mil familias en situación de desamparo a la espera de respuesta por parte del INSS. Las quejas que presentan los ciudadanos por el mal funcionamiento del organismo público se han multiplicado por seis en dos años, alcanzando las 17.000.
Los parones están empeorando aún más la situación mientras la respuesta del Ministerio de la Seguridad Social es el silencio. La huelga está teniendo un seguimiento masivo del 88% de las provincias y una participación total del 65% del personal. Estos funcionarios públicos alegan que su mano sigue tendida, pero el Gobierno no ha dado muestras de querer negociar. En la única reunión mantenida con el secretario de Estado de la Seguridad Social, este les dirigió para la mayor parte de las cuestiones al Ministerio de Hacienda. A la espera de una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, los paros continúan y el colapso de la entidad avanza.