(Expansión, 18-12-2024) | Laboral
El Ministerio de Trabajo ha ido revelando gradualmente ciertos aspectos esenciales sobre la implementación de la reducción de la jornada laboral. Uno de los puntos que más inquietud generó entre las organizaciones empresariales durante las negociaciones tripartitas fue el periodo de transición para aplicar la medida, es decir, el plazo que tendrían las empresas para adaptar los convenios colectivos al nuevo límite semanal de 37,5 horas.
Finalmente, todo apunta a que prevalecerá una aplicación más inmediata, lo que obligará a empresas y sindicatos a incluir esta reducción de jornada en los convenios colectivos antes de que termine 2025. Según el calendario manejado por el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que prevé la aprobación parlamentaria de la medida no antes de mayo de 2025, esto dejaría un margen de algo más de seis meses para que los marcos laborales adapten sus condiciones al nuevo límite.
Este escenario, uno de los más temidos por la CEOE, implicará reabrir muchas de las 4.000 mesas de negociación de convenios existentes en España para incorporar la nueva normativa. Fuentes empresariales consultadas por EXPANSIÓN destacan la complejidad del proceso, ya que no existe un único modelo para cumplir con esta reducción. Según el Gobierno, la medida impactará a doce millones de trabajadores en España.
En los convenios donde se requieran ajustes -no siempre será un cambio directo de 40 a 37,5 horas-, las partes negociadoras deberán decidir cómo implementarlo. Podría tratarse de una reorganización de jornadas con menos días laborables y refuerzo de plantilla, una ampliación del periodo vacacional, o incluso la introducción de cierres temporales para compensar las horas reducidas. Estas decisiones deberán tomarse en el plazo disponible para cumplir con la normativa.
La vicepresidenta Yolanda Díaz confirmó ayer que, antes del 31 de diciembre de 2025, todos los asalariados en España tendrán una jornada laboral reducida. En su intervención, recordó que la jornada de 40 horas semanales, establecida en 1983, se implementó rápidamente tras su publicación en el BOE, y sugirió que el Gobierno busca replicar ese enfoque con la nueva normativa. Por otro lado, la CEOE había solicitado respetar la vigencia de los convenios colectivos y aplicar la medida a medida que estos vencieran.
Además, el Ministerio de Trabajo indicó que el acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO está próximo. Según Díaz, este acuerdo, que no cuenta con el respaldo de la CEOE ni incluye ayudas iniciales para empresas pequeñas, será llevado al Consejo de Ministros y al Congreso para su tramitación.
Finalmente, la vicepresidenta criticó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusándolo de perjudicar a las trabajadoras españolas, quienes -más de diez millones según el INE- serían las más beneficiadas por la reducción. Asimismo, Díaz destacó dos aspectos clave: ya está negociando con Junts, que condiciona su apoyo a la inclusión de ayudas para pymes, y pidió al PP que respalde la medida y no trate de bloquearla como ocurrió con la reforma laboral.