(El País, 13-11-2024) | Laboral
La crisis que atraviesan las mutualidades de funcionarios -como Muface, Mugeju (para personal de Justicia) e Isfas (para militares)- se refleja en un dato clave: por cada 100 euros ingresados en primas, las aseguradoras privadas gastan 100,8 euros en la atención sanitaria de los beneficiarios, según el informe Sanidad privada, aportando valor 2023 de la Fundación IDIS, que representa al sector sanitario privado. Esto significa que el sistema ni siquiera es capaz de cubrir costes.
Tanto empresas como sindicatos del sector culpan al Gobierno de no dotar de financiación suficiente a estas mutualidades, que en el caso de Muface dan cobertura a 1,52 millones de empleados públicos y sus familias. A diferencia del resto de la población, que solo tiene acceso al sistema público de salud, los afiliados a Muface pueden optar por recibir atención sanitaria privada. Además, tienen la posibilidad de cambiar entre ambos sistemas cada año, eligiendo entre la sanidad pública o la privada.
Sin embargo, la falta de financiación no es el único problema. La raíz de la crisis se encuentra en los cambios sociales y demográficos dentro del colectivo de funcionarios. El envejecimiento de los beneficiarios está incrementando los gastos sanitarios, mientras que las nuevas generaciones de funcionarios, que son menos costosas en términos de atención, están optando mayoritariamente por el sistema público. En 2022, dos de cada tres nuevos funcionarios eligieron ser atendidos en la sanidad pública, rechazando los seguros privados ofrecidos por Muface.
"Esta situación es complicada y pone en riesgo la sostenibilidad del modelo de mutualidades tal como lo conocemos", explica Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Según la experta, el envejecimiento de los afiliados eleva los costes, y el modelo, a menudo percibido como un privilegio exclusivo para los funcionarios, parece encaminado hacia una desaparición progresiva impulsada por factores demográficos, aunque la rapidez dependerá de cómo se gestione la crisis actual.
El año pasado, Muface incorporó a 62.500 nuevos empleados públicos. De ellos, el 66,3% prefirió el sistema público de salud. Este porcentaje fue incluso mayor, del 74%, entre los 46.000 docentes de enseñanza no universitaria que ingresaron en 2023, como resultado de los procesos de estabilización del empleo público. Aunque la mayoría de los funcionarios actuales (69,6%) sigue eligiendo la sanidad privada, esta proporción ha caído significativamente en los últimos años (en 2016 era del 80,4%).
La edad media de los nuevos afiliados es notablemente inferior a la de los titulares veteranos. En el caso de los docentes no universitarios, la media fue de 38 años -48 años entre quienes ingresaron por procesos de estabilización-, mientras que entre otros empleados públicos (policías, administrativos, etc.) se situó en 40 años. En contraste, según el informe de Muface de 2023, la edad promedio de todos los titulares se aproximaba a los 58 años, casi cuatro años más que hace una década.
Varios factores explican la preferencia de las nuevas generaciones por la sanidad pública. Según José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad, una de las razones es la confianza que estas personas han desarrollado en el sistema público, al que llevan años acudiendo. "Son personas en la treintena o cuarentena que están acostumbradas a la atención primaria, especialistas y hospitales del Sistema Nacional de Salud, y cuando llega el momento de elegir, prefieren continuar con ese modelo", señala el experto.