(El Economista, 21-02-2025) | Fiscal
Entre 2021 y 2023, en plena crisis inflacionaria, los ingresos públicos en España aumentaron alrededor de 3,7 puntos porcentuales del PIB, un incremento significativamente superior al de la media de la Unión Europea, que fue de 0,7 puntos porcentuales. Según un informe del think tank estadounidense Tax Foundation, especializado en fiscalidad, esta subida redujo a la mitad la diferencia de presión fiscal entre España y el promedio europeo, pasando de aproximadamente seis puntos del PIB a menos de tres en solo tres años.
El estudio, elaborado por los economistas españoles Santiago Calvo y Diego Sánchez de la Cruz, atribuye este fenómeno a la menor aplicación de medidas fiscales por parte del Gobierno español para mitigar el impacto del aumento del IPC en comparación con otros países europeos. Desde 2021, el Ejecutivo limitó su intervención a reducciones específicas del IVA en electricidad y gas, a las que posteriormente sumó rebajas destinadas a atenuar el encarecimiento de los alimentos básicos.
En el caso del IRPF, Hacienda implementó una rebaja enfocada en los hogares con rentas más bajas, dejando sin modificaciones los demás tramos impositivos. Aunque estas medidas provocaron una pérdida de recaudación superior a los 3.000 millones de euros anuales, el buen desempeño del empleo y el efecto de la inflación sobre los contribuyentes fuera del escudo social hicieron que los ingresos por IRPF aumentaran un 7,5% hasta noviembre. Según el informe, si se hubieran ajustado automáticamente todos los componentes del IRPF, los contribuyentes españoles habrían ahorrado de media 220 euros en 2021 y 217 euros en 2022. Si se suma 2023, con una inflación más moderada, el impacto fiscal medio de la subida de precios alcanzó los 557 euros por hogar.
Algo similar ocurrió con el IVA: el alza de los precios impulsó la recaudación un 7,6% en el mismo período. Los hogares con un nivel de gasto medio soportaron un sobrecoste de 175 euros debido al incremento del IVA. Sumando el impacto del IRPF en 2022, que ascendió a 217 euros, los contribuyentes españoles afrontaron un coste adicional de 392 euros en el peor año de la crisis. En total, la Agencia Tributaria recaudó 273.993 millones de euros hasta noviembre de 2024, un 7,4% más que en el mismo periodo del año anterior.
La estrategia de España para combatir la inflación difiere de la adoptada en otros países europeos, como Alemania. Berlín, afectada por su dependencia del gas ruso, implementó en 2022 una amplia reducción de impuestos por valor de más de 10.000 millones de euros, beneficiando a 48 millones de ciudadanos. El entonces ministro de Finanzas, Christian Lindner, elevó el umbral mínimo de ingresos para declarar impuestos a 10.347 euros y aplicó una deflactación del IRPF para evitar que la inflación aumentara la carga fiscal sobre los hogares de rentas medias y bajas. También se introdujeron reducciones en el IVA del gas y la calefacción, así como una rebaja del impuesto de Sociedades y otras exenciones fiscales por 7.000 millones de euros en 2023. En total, Alemania destinó 32.000 millones de euros en cinco años para contrarrestar el impacto de la pandemia y la inflación.
España, en cambio, optó por un enfoque basado en el gasto público. El Gobierno aprobó bonificaciones en el combustible, ayudas al transporte (vigentes hasta julio) y revalorizaciones de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y el Salario Mínimo, medidas que continuarán en los próximos años pese a la estabilización de los precios.
A nivel global, solo unos pocos países ajustan automáticamente sus tramos de IRPF en función de la inflación. De 160 economías analizadas, 131 no aplican ningún ajuste. Entre las que sí lo hacen, solo nueve tienen normativas explícitas al respecto. En la Unión Europea, Austria, Dinamarca y los Países Bajos cuentan con un sistema de indexación automática, mientras que otros países, como Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania y Suecia, lo aplican sin reglas fijas.
El informe de Tax Foundation destaca que vincular los impuestos a la inflación beneficia a los contribuyentes, ya que evita un aumento desproporcionado de la carga fiscal. Sin embargo, señala que esta medida enfrenta obstáculos políticos, ya que limita la capacidad de los gobiernos para ajustar la política tributaria según las circunstancias económicas y las preferencias del electorado. Por ello, concluye que la indexación automática de impuestos suele quedar en un segundo plano frente a medidas fiscales discrecionales con mayor visibilidad política.