(Expansión, 06-02-2025) | Fiscal
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denunció ayer que el nuevo sistema implementado por Hacienda para la devolución del IRPF a los mutualistas, que prolonga el proceso durante años, vulnera los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de la Administración frente a los contribuyentes afectados por una doble tributación que la Justicia ha ordenado compensar. Los inspectores critican que el procedimiento anterior, caracterizado por su rapidez y eficacia para garantizar devoluciones ágiles, haya sido sustituido por un trámite burocrático innecesario y sin justificación.
El origen de este conflicto se encuentra en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023, que determinó que los jubilados de las antiguas mutualidades laborales habían sido objeto de una doble imposición en el Impuesto sobre la Renta, por lo que debían ser indemnizados. La resolución, que inicialmente beneficiaba a los cotizantes de la Mutualidad Laboral de la Banca, sentó un precedente para que otros mutualistas pertenecientes a sectores como astilleros, metalurgia, electricidad, comercio, pesca o construcción pudieran reclamar compensaciones similares.
El Tribunal Supremo concluyó que estos mutualistas habían tributado tanto por las cuotas que aportaron en su momento como por las pensiones que posteriormente recibieron. En consecuencia, reconoció su derecho a deducir de la base imponible del IRPF el 25% de las cuotas abonadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de enero de 1978, así como el 100% de las efectuadas antes del 31 de diciembre de 1966.
Para dar cumplimiento a este fallo, Hacienda estableció inicialmente un mecanismo de devolución sencillo y rápido mediante un formulario en línea, lo que permitió la devolución de 1.325 millones de euros hasta noviembre de 2024 por el ejercicio de 2023 y los años no prescritos. No obstante, tras este elevado volumen de compensaciones, el Ministerio decidió modificar el procedimiento, implementando un nuevo sistema más complejo que escalona las devoluciones hasta el año 2028.
Los Inspectores de Hacienda del Estado consideran que esta decisión es "incomprensible" y han instado al ministerio encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a rectificar. Recuerdan que la Constitución Española establece que la Administración debe actuar con objetividad en favor del interés general y que la normativa tributaria garantiza los principios de proporcionalidad, eficacia y reducción de costes indirectos. Además, subrayan que la jurisprudencia consagra el principio de "Buena Administración" y que la propia Agencia Tributaria presume de situar al ciudadano en el centro de su estrategia.
Los mutualistas, que hasta ahora podían solicitar la devolución en una única petición de manera rápida y efectiva, han visto cómo se les impone un proceso burocrático innecesario que contradice estos principios y que, en algunos casos, podría retrasar la devolución hasta después del fallecimiento del beneficiario. La denuncia de los inspectores se suma a la ya expresada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que también ha criticado el cambio de criterio adoptado por Hacienda.