(El Economista, 31-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

A partir del 3 de abril, comenzarán a celebrarse juicios rápidos para desalojar a los okupas, con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia, publicada en el BOE en enero. Esta normativa introduce una reestructuración profunda en la organización judicial y establece la obligación de intentar una solución extrajudicial antes de acudir a los tribunales, con el fin de reducir la carga judicial. Además, incorpora otras medidas, como la protección frente al despido de trabajadores con jornada adaptada y la necesidad de obtener permiso de los vecinos para destinar una vivienda al alquiler turístico.

Juicios exprés contra la ocupación. La ley modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir procesos acelerados en casos de usurpación de vivienda (cuando alguien ocupa un inmueble sin autorización del propietario) y allanamiento de morada (cuando se irrumpe en un hogar habitado). Esto agiliza los plazos y permite que el juez, una vez disponga de la documentación necesaria, celebre el juicio en un plazo de 15 días.

Resolución extrajudicial obligatoria. En conflictos civiles o mercantiles, se exigirá a ciudadanos y empresas recurrir primero a mecanismos de resolución alternativa de disputas (MASC), como la negociación directa, mediación, conciliación o arbitraje, antes de acudir a los tribunales. Quienes no lo hagan podrán enfrentar sanciones. No obstante, esta obligación no aplica a conflictos laborales como despidos, casos concursales, asuntos penales ni a los que impliquen a administraciones públicas, menores o derechos fundamentales.

Restricciones al alquiler turístico. Desde el 3 de abril, quienes deseen destinar una vivienda a uso turístico deberán contar con la aprobación de la comunidad de propietarios. Será necesario el respaldo de al menos tres quintas partes de los vecinos. Además, el presidente de la comunidad podrá exigir el cese de actividad de pisos turísticos sin licencia municipal.

Reclamaciones por cláusulas abusivas en hipotecas. Los clientes afectados por cláusulas hipotecarias abusivas deberán reclamar primero ante su entidad financiera antes de presentar una demanda. El banco tendrá un mes (en lugar de los tres meses anteriores) para responder. Si acepta la reclamación, deberá detallar el importe a devolver con intereses y, si el cliente lo acepta, tendrá que reintegrarlo en un plazo de 30 días. Si no lo hace, se aplicarán intereses de demora adicionales del 8%.

Protección frente al despido por reducción de jornada. Se corrige un error de la Ley de Paridad que había dejado sin protección a trabajadores con reducción de jornada para el cuidado de hijos menores de 12 años. Ahora, el despido de estos empleados volverá a ser considerado nulo.

Indemnización por impagos salariales. Por primera vez, se establece cuántos impagos permiten al trabajador dejar su empleo con derecho a indemnización y prestación por desempleo. Si la empresa acumula tres impagos de salario en un año, aunque no sean consecutivos, o si retrasa los pagos durante seis meses, el trabajador podrá desvincularse con compensación.

Fin de la 'Golden Visa'. Se elimina por completo la concesión de permisos de residencia a extranjeros que inviertan en España. Esta medida, vigente desde 2013, permitía obtener la residencia invirtiendo en inmuebles de más de 500.000 euros, depósitos bancarios, acciones, deuda pública o proyectos innovadores.

Sentencias orales en todos los ámbitos. Los jueces podrán dictar sentencias orales en todas las jurisdicciones (civil, social, penal y contencioso-administrativo), con el objetivo de agilizar la resolución de casos. Estas sentencias se grabarán en el registro audiovisual del proceso y se documentarán posteriormente.

Creación de los Tribunales de Instancia. Se establecerán Tribunales de Instancia en cada partido judicial, que agruparán los juzgados actuales y contarán con secciones especializadas según la materia (Instancia, Instrucción o Violencia sobre la Mujer). Esta reorganización busca optimizar la gestión de los recursos judiciales.

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