(Expansión, 29-01-2025) | Fiscal
El Gobierno finalmente accedió a las demandas de Junts y decidió dividir el contenido del decreto ómnibus original. Aunque el Ejecutivo aprobó la mayor parte del denominado "escudo social", se vio obligado a posponer la adopción de otras medidas económicas, entre ellas la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Como consecuencia, las regiones dejarán de recibir 9.700 millones de euros, ya que Junts considera necesario renegociar estos fondos.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros excluye los anticipos a cuenta destinados a las comunidades autónomas, una decisión que afecta a más de 10.000 millones de euros. Junts ha exigido desvincular esta actualización y condicionarla a la negociación de la senda fiscal, que establecerá los objetivos de déficit que deberán cumplir los distintos niveles de la Administración, incluyendo los gobiernos autonómicos.
Las entregas a cuenta son adelantos de fondos que el Estado transfiere a las comunidades en función de las previsiones de recaudación tributaria para el año en curso. Representan la mayor parte de los recursos de las autonomías y se actualizan anualmente en función del crecimiento económico y la evolución de los ingresos fiscales, que en los últimos años han mostrado una tendencia positiva. Sin esta actualización, que asciende a unos 10.000 millones de euros, las comunidades recibirán en 2025 prácticamente la misma cantidad que en 2024, es decir, alrededor de 135.400 millones de euros a distribuir entre las 15 autonomías de régimen común.
Las regiones más afectadas por la congelación de estos fondos son Cataluña, que dejaría de recibir 1.190 millones de euros; Andalucía, con 1.820 millones menos; y Madrid, que perdería 1.280 millones. Otras comunidades también verán reducido el monto de sus anticipos: la Comunidad Valenciana en 800 millones, Galicia en 700 y Castilla y León en 600.
Además, el decreto deja fuera una corrección técnica impulsada por el Gobierno para mitigar el impacto contable del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. En concreto, se planteaban ajustes en los periodos impositivos y de devengo para evitar que el nuevo tributo, aprobado en diciembre, coincidiera con el gravamen temporal ya existente.
A la espera de nuevas negociaciones con Junts, también queda en suspenso la ampliación del umbral de ingresos del segundo pagador en el IRPF, que se preveía aumentar de 1.500 a 2.500 euros para aplicar el límite general de 22.000 euros en la obligación de declarar. Esta medida, según el texto original del decreto, tenía como objetivo reducir la carga fiscal de los contribuyentes con menores ingresos.
Asimismo, la ampliación por un año más de las deducciones en el IRPF para quienes realicen obras de mejora de eficiencia energética en viviendas sigue pendiente de acuerdo. Lo mismo ocurre con la prórroga de los beneficios fiscales para la compra de vehículos eléctricos enchufables, de pila de combustible y la instalación de puntos de recarga.
Por último, aún falta consenso para definir la prórroga de los límites cuantitativos que determinan la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF durante 2025, excepto para actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Esta medida pretende garantizar un marco estable que permita a los pequeños autónomos seguir utilizando este sistema para calcular sus rendimientos netos, evitando así un aumento en sus obligaciones contables y de facturación.